La investigación se inició en 2020 cuando se detectó en España a un empresario italiano de origen argentino, asentado en la localidad de Marbella, que controlaba un amplio abanico de empresas, compañías dedicadas a la producción y exportación de plátanos desde Ecuador a Europa, centros deportivos en Marbella, centros comerciales en Granada y negocios de hostelería y ocio nocturno, sobre las que se detectaron indicios de financiación oculta detrás de una apariencia mercantil legal.

Se detectó que la organización criminal presuntamente era dirigida por un ciudadano albanés asentado en Ecuador y por el empresario italiano. Ambos dirigían empresas productoras y exportadoras de fruta desde Ecuador a todo el mundo, con un volumen de negocio de cientos de contenedores exportados al año, lo que permitía una cobertura perfecta a su holgada situación económica, con gastos millonarios como la adquisición de inmuebles en lugares exclusivos de Marbella, Guayaquil o Dubái o la apertura de nuevas vías de negocios, como el ocio nocturno o el deportivo, y el disfrute de un altísimo nivel de vida.

Las indagaciones de los agentes permitieron revelar que ambos individuos aprovechaban las exportaciones de sus empresas para ocultar cocaína en los contenedores, para lo que contaban con la colaboración de personal en los puertos o de empresarios dedicados a la importación de fruta, que simulaban una relación lícita de comercio para introducir la droga en sus países.

La organización usaba diversos métodos para enviar el estupefaciente, pero tras la incautación en 2020 de más de 1.100 kilos de cocaína en uno de sus contenedores por las autoridades de Países Bajos, los investigados comenzaron a realizar pequeños envíos de entre 15 y 40 kilos de estupefaciente, contaminando varios contenedores a un mismo importador, y usando la estructura de los contenedores para ocultar la cocaína, de forma que, si era interceptada, la empresa exportadora negaba su implicación en el envío ilícito.

Para la actividad de blanqueo contaba con un complejo entramado financiero, el cual era diseñado y gestionado por un experto blanqueador, afincado en Marbella, que facilitaba el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos, siendo objeto de una Orden de Investigación Europea de las autoridades de Países Bajos, que también se ha coordinado en el marco de esta investigación.

DETENIDOS

La investigación culminó el pasado 6 de febrero en un operativo en el que intervinieron más de 800 efectivos policiales en España y Ecuador, realizándose 62 entradas y registros (40 en Ecuador y 22 en España) de manera coordinada, con la participación de policías de ambos países en el dispositivo, lo que ha permitido incautar una gran cantidad de dinero, armas, y efectos.

En los registros llevados a cabo en España en las provincias de Málaga, Barcelona, Granada, Madrid, Valencia, Cádiz y Sevilla, se intervinieron casi 500.000 euros en efectivo, más de 12.000 dólares, dinero en metálico de otras monedas extranjeras, un arma corta, 12 vehículos, relojes de alta gama, terminales móviles y material informático. También se inmovilizaron inmuebles por un valor aproximado de 12 millones de euros, bloqueado 88 productos financieros e intervenido judicialmente cuatro empresas.

En Ecuador se intervinieron más de 2.300.000 dólares, nueve vehículos, nueve armas de fuego, se inmovilizaron 22 inmuebles y múltiples productos financieros y se han intervenido seis entidades jurídicas, permitiendo detectar un patrimonio blanqueado de 36 millones de euros. La investigación permitió la detención de 32 personas, 18 en Ecuador, uno en Reino Unido y 13 en las provincias españolas de Málaga (7), Barcelona (2), Madrid (2), Cádiz (1) y Valencia (1).

Además, la investigación permitió acreditar envíos de droga de la organización a Países Bajos, Bélgica, Rusia, Rumanía, Albania y España, siendo incautados entre 2019 y 2022 3.210 kilogramos de cocaína en diversos países y 200 kilos del estupefaciente en España.

La complejidad de la investigación exigió que se recurriera a la cooperación internacional, coordinada a nivel judicial por la Fiscalía Especial Antidroga, y a nivel policial por Europol, así como a la colaboración de los consejeros de Interior de España en Ecuador y Rusia, y los agregados de Interior en Albania, Bélgica, Países Bajos y Turquía.