Según informó la policía este lunes, tras más de un año de investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, el pasado noviembre se realizó la explotación operativa consiguiendo desmantelar una red criminal especializada, presuntamente, en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones de alta velocidad conocidas como narcolanchas.

Los delincuentes partían desde el río Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el océano Atlántico. Allí se encontraban con buques nodrizas al objeto de trasvasar la sustancia estupefaciente para su posterior regreso al archipiélago canario y sur peninsular.

La velocidad de las embarcaciones, en ocasiones superiores a los 40 nudos de velocidad y el uso de comunicaciones encriptadas, terminales satélites, teléfonos móviles de difícil rastreo o un lenguaje codificado para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad, les permitían operar durante las horas nocturnas dificultando las labores policiales.

La estructura de la organización se extendía desde Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, pasando por Marruecos hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Se practicaron un total de 49 entradas y registros contando con la participación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).

Esta organización llegó a crear plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar realizando varias operaciones sucesivas. Disponían el momento exacto para los cambios de tripulación mientras se encontraban en el agua, suministraban estas plataformas con los bienes y servicios que requerían.

Tenían sus propios centros de almacenaje de combustible, llegándose a demostrar el empleo de más de 100.000 litros. Embarcaciones de menor tamaño eran las encargadas de suministrar tanto la gasolina como los víveres, equipos de comunicación o la propia ropa para los notarios que acompañaban la droga desde el buque nodriza hasta nuestro país.

Otras personas de la organización ubicadas en puntos de control realizaban labores de vigilancia para determinar la posición de los medios marítimos y aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado abarcando una amplia red de puntos de seguridad a lo largo de la costa.

OPERACIÓN

La operación para desarticular dicha organización se desarrolló desarrollado en dos fases, culminando la primera de ellas en junio del año pasado con resultado de 48 personas detenidas y 29 registros en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura, llegando a intervenir aproximadamente 100.000 euros, cerca de 3.800 kilos de cocaína, 69 vehículos, seis inmuebles, cuentas bancarias, tres armas de fuego cortas, numerosa documentación y diversos útiles destinados al tráfico marítimo como teléfonos satélites y dispositivos de geolocalización.

En una segunda fase finalizada en noviembre del pasado año se practicaron 20 registros donde se han intervenido más de 700.000 euros, dos hexacópteros, diverso material náutico y numeroso material tecnológico de última generación logrando desarticular esta red criminal.

Las investigaciones han permitido detectar que esta organización criminal era la responsable de la introducción en Europa de 57.000 kilos de cocaína en el último año. Contaba con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias encargados de recibir y distribuir estupefaciente procedente de Colombia y Brasil logrando intervenir las autoridades portuguesas 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible.