Así lo confirmó este jueves la Policía Nacional en un comunicado, en el que detalla que la investigación se inició en mayo de 2025, a través de una denuncia de una víctima que, tras solicitar servicios sexuales a través de internet, recibió una llamada de una persona que se hacía pasar por jefe del club de las mujeres anunciadas. Durante la misma, esta persona le recriminó "haberles hecho perder el tiempo" y le exigió el abono inmediato de unos 5.000 euros con un "discurso coercitivo y amenazante".

Los investigadores comprobaron que existían otras 80 denuncias previas con un patrón similar por toda España y consiguieron ubicar el núcleo operativo de la organización en la zona de Valencia, desde donde gestionaban la captación, comunicación intimidatoria y canalización de los "abundantes beneficios obtenidos". Los agentes confirmaron que esta organización publicaba numerosos anuncios falsos de mujeres en páginas web de citas y, una vez que contactaban con los teléfonos asociados, iniciaban la fase de extorsión. Así, explican que les hacían creer a los perjudicados que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad por no acudir a la cita o haber faltado el respeto a las empleadas.

Además, "jugaban con el componente de la vergüenza y el temor" a que el círculo cercano de las víctimas supiera que consumían servicios sexuales, siendo una herramienta de la red para presionarles a que abonaran las cantidades que les reclamaban.

Al mismo tiempo, los investigadores descubrieron que este entramado estaba vinculado con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos. Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas, siendo sometidas a "condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores". Los agentes pudieron acreditar la existencia de un "sistema de explotación estructurado", con rotación constante de mujeres en situación administrativa irregular y beneficios económicos elevados.

Las pesquisas permitieron corroborar que tenían un acuerdo que consistía en suministrar información de sus clientes para su posterior extorsión. Además, el grupo asentado en la isla canaria facilitaba a la otra red datos de los usuarios de los servicios sexuales a cambio de 50 euros por cada uno de ellos.

La Policía detalla que en la cúspide de la organización se situaban los principales responsables que dirigían, administraban y distribuían el dinero, publicaban y renovaban los anuncios y ejecutaban las amenazas y comunicaciones extorsivas. En el siguiente nivel actuaban los captadores de las 'mulas', encargados de reclutarlas, dirigirlas y gestionar las comisiones que se debían enviar por cada apertura de cuenta o línea. Finalmente, en la base se encontraban las 'mulas', que aportaban su documentación para la apertura de líneas telefónicas a su nombre y de cuentas bancarias, recibiendo estas los pagos de las víctimas. La organización, destacan, "tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa", lo que le permitía obtener "importantes beneficios económicos" por estos hechos, los cuales blanqueaban en otras actividades criminales, como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos.

Finalmente, los agentes llevaron a cabo ocho registros domiciliarios en Valencia, en los que intervinieron tres plantaciones de marihuana, once gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo. Al mismo tiempo fueron detenidas 38 personas, de las que cinco ingresaron en prisión provisional acusadas de los delitos de extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal.

Asimismo, realizaron otro registro en un piso que se usaba como prostíbulo, donde se intervinieron cuatro terminales telefónicos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación acreditativa de los hechos. Fueron detenidas dos personas, que también ingresaron en prisión provisional por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, tres víctimas de trata de seres humanos fueron liberadas.