Según informó este miércoles el Instituto Armado, la ‘Operación Alhalaaq’ se ha saldado con la detención de 16 personas y la investigación de otras 13. Se les imputan los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, usurpación de estado civil, falsificación de documento público y explotación laboral, entre otros.

La investigación se inició en agosto del pasado año 2021, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal, asentada en la localidad de La Roda, que pudiera estar dedicándose al favorecimiento de la entrada y permanencia de inmigrantes irregulares en territorio nacional, que luego eran explotados laboralmente.

La trama descubierta empadronaba inmigrantes marroquís en viviendas en las que no residían, para posteriormente regularizar su situación en territorio nacional, a través de un procedimiento de arraigo.

COMISIÓN Y PARTE DEL SALARIO

Durante el tiempo en el que permanecían en situación irregular, la organización custodiaba la documentación de estas personas y les facilitaba los datos y, en ocasiones, copia de la documentación de otros ciudadanos marroquís que residían legalmente en España para que la utilizasen en caso de que fuesen identificados. Además, estas identidades eran las que se usaban para contratarlos, principalmente en tareas agrícolas, sometiéndolos a condiciones abusivas.

Durante las investigaciones, la Guardia Civil detectó como la red criminal, exigía a cada uno de los irregulares, una cantidad económica que oscilaba entre los 150 y 200 euros por empadronamiento y posteriormente les descontaban una parte de su salario una vez que eran contratados.

Además, la red contaba con infraestructura logística suficiente para disponer de varias viviendas en las que los iban alojando, para que su presencia no llamara la atención, cobrándoles también cantidades excesivas.

El jefe de la organización desmantelada era el encargado de dar instrucciones concretas y precisas a los trabajadores en situación irregular, entre ellas que se aprendieran de memoria la identidad de otras personas en situación regular y así dificultar su identificación.

La red contaba con la colaboración de un encargado y un administrador de una empresa de trabajo temporal (ETT) que daban de alta a trabajadores irregulares con la identidad de los regulares. De esta forma incrementaban sus cotizaciones a la Seguridad Social y los miembros de la organización percibían una comisión por ello.