Tras reunirse con el ecretario general de Empleo, Juan Chozas, para analizar la propuesta del Ejecutivo, Jiménez-Aguilar apuntó que "no creemos que haya justificación suficiente para la huelga general. No existe ningún recorte de prestaciones".

"No encuentro razones económicas y sociales" para la convocatoria de una huelga general, "no la puedo entender", apostilló el secretario general de CEOE, que no quiso aventurar qué otras razones podrían tener los sindicatos para hacer la primera movilización de este calado contra e Gobierno del PP.

En opinión de Jiménez-Aguilar, "no se puede afirmar -como hacen los sindicatos- que la propuesta del Gobierno conlleve pérdida de prestación, ni siquiera en los salarios de tramitación", que se suprimen y hacen que el trabajador en proceso judicial por su despido comience a cobrar la prestación por desempleo desde su primer día en el paro.

La reunión ha servido "para aclarar algunas dudas" y para que la CEOE plantee al Gobierno dos reivindicaciones: por un lado, modificar la actal estructura del sistema financiero de la protección por desempleo; por otro, ampliar el plazo de adaptación del sector agrario al nuevo sistema contributivo de prestaciones.

"Es muy importante" llegar a la separación de fuentes de financiación, como se hizo con el sistema de pensiones, de las prestaciones de desempleo contributivas y asistenciales. "No tiene ningún sentido", añadió el dirigente empresarial, "que las cotizaciones por desempleo sirvan también para pagar el presupuesto ordinario de funionamiento del Inem".

En cuanto al nuevo régimen de prestaciones para los trabajadores del campo, CEOE considera que las empresas del sector "difícilmente podrían asumir", como pretende el Gobierno, la implantación del nuevo sistema en sólo tres años.

Este sistema llevaría a cotizar por desempleo a todas las empresas y trabajadores del sector en toda España, "lo que conllevaría un aumento de costes difícil de asumir". La petición de la patronal es que el periodo de transición entre el actual sistma de protección cero y el nuevo sistema contributivo sea de 10 años.

Si la medida se aplica en tres años, como quiere el Gobierno, "se produciría de repente un aumento de los costos insoportable (para las empresas). Este aumento las dejaría fuera de competencia, no lo podrían soportar".

CHOZAS

Por su parte, el secretario general de Empleo, Juan Chozas, dio pocos detalles del encuentro con los empresarios y se limitó a señalar que habían servido para aclarar diversas dudas que la patronal teníasobre el texto del Gobierno. "Espero que ya en las próximas reuniones haya propuestas de aspectos más concretos", añadió.

Sobre el encuentro de esta tarde con los sindicatos, Chozas manifestó que "no contemplo ningún escenario de ruptura", pese a que CCOO y UGT han planteado que si el Gobierno no retira su documento no se sentarán a negociar.

"La voluntad del Gobierno ha sido la de estar abierto al diálogo y en ese esquema nos movemos", añadió Chozas, que no quiso especular sobre lo que sucederá i los sindicatos cumplen su amenaza.