Los despidos aumentaron por las tre vías que pueden dar lugar a los mismos, los expedientes de regulación de empleo, los acuerdos alcanzados en las instituciones de mediación y arbitraje, y las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Social.

La mayoría de los despidos, casi 100.000, se produjeron tras llegar a un acuerdo sobre la indemnización entre la empresa y el trabajador en los organismos de mediación y arbitraje, paso previo antes de recurrir a Magistratura.

En el primer semestre del año, las indemnizaciones que las empreas pagaron por despidos ascendieron a 139.460 millones de pesetas, lo que representa un aumento del 30 por cien respecto al periodo enero-junio del 90.

La cuantía media de las indemnizaciones se elevó sustancialmente entre ambos periodos, al pasar de 1.183.540 a 1.434.448 pesetas, con lo que prosigue el aumento de los últimos años en la carga que representa para las empresas las compensaciones por despido.

Sólo en los últimos dos años y medio, el importe global de esas indemnizaciones ascendió a 29.000 millones de pesetas, después de registrar un crecimiento ininterrumpido durante toda la década de los ochenta, no frenado en los años de la recuperación económica.

Más de la mitad de las pagadas en el primer semestre del año fueron abonadas por empresas ubicadas en Madrid (39.431 millones) o Cataluña (38.172 millones), con unos incrementos de 12.000 y 10.000 millones respectivamente.

A continuación se situaron las de Andalucía (13.837 millones), Comunidad Valenciana (10.169), Canarias (8.32), Galicia (5.195), Castilla y León (4.895), País Vasco (4.428), Aragón (2.717), Castilla La Mancha (2.199), Baleares (2.096), Navarra (1.785), Murcia (1.769), Asturias (1.291), Cantabria (1.188), Extremadura (1.113), La Rioja (592), y Ceuta y Melilla (226).

SENTENCIAS DE MAGISTRATURA

Por otra parte, los casos resueltos en los Juzgados de lo Social entre enero y junio de este año, al no alcanzarse un acuerdo previo entre la empresa y los trabajadores, fueron 22.372, frente a los 20.374 de los mismo meses de 1990.

Las resoluciones dictadas condenaron a las empresas (entre enero y mayo, periodo para el que se dispone de datos) a pagar 10.049 millones de pesetas, 2.311 millones más que el año pasado.