Díaz inauguró la jornada ‘Retos económicos y sociales del sector bancario en España’ organizada por el grupo Sumar en el Congreso de los Diputados en la que se refirió a la opa para señalar que “no puede aceptarse en nombre del mercado” que “se pongan en riesgo miles de puestos de trabajo” y que vaya a suponer “encarecimiento” de la financiación a empresas y hogares y “agudizar” la exclusión financiera.

Díaz consideró que “no se puede hacer en democracia” esta opa, con “todos los actores sociales democráticos de Cataluña” en contra, “hasta la iglesia”. Reclamó una reflexión “profunda y pública” y afirmó que la rentabilidad “no puede estar jamás por encima de los derechos económicos de los ciudadanos”, pues “es puro mandato constitucional”.

Al margen de la opa, la vicepresidenta segunda repasó que se han cerrado más del 60% de las oficinas bancarias desde la crisis financiera, han desaparecido “más de 100.000 puestos de trabajo”, la exclusión financiera es “creciente” hoy en día, las cuotas mensuales de las hipotecas variables han experimentado un “aumento drástico”, las comisiones bancarias “han subido un 50% en una década” y la banca ha sumado casi 60.000 millones de beneficios en los dos últimos años.

Con este panorama que expuso, Díaz defendió contar con “autoridades de control eficaces para resolver conflictos entre la banca y sus clientes” y una fiscalidad “justa”. Respecto a este último punto, señaló que el impuesto es “una parte muy pequeñita” de los beneficios del sector y dijo que le gustaría que la banca reconozca que el impuesto “es correcto para mantener” los servicios públicos.

Díaz concluyó señalando que “cuando falta regulación, el poder financiero se desborda” e “impone” el interés económico, por lo que solicitó “instituciones fuertes, reglas claras que garanticen que el sistema financiero cumple su misión social y no se convierta en un espacio de acumulación sin límites”.