En declaraciones a los periodistas en el Ateneo, a donde asistió para participar en un acto, la ministra fue preguntada por este procedimiento de infracción, abierto a España por incumplir la legislación europea al otorgar en las normas nacionales “facultades ilimitadas” al Gobierno para intervenir en fusiones bancarias que chocan con las leyes europeas.

Según Díaz, el Gobierno tiene que “defender los intereses generales” del país y “está protegiendo” de un “elevado riesgo de concentración bancaria” a los ciudadanos y a los propios empleados que podrían ser despedidos. “El Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender un servicio público financiero que es clave en las sociedades democráticas y, desde luego, el bienestar en nuestro país”, concluyó Díaz.

El Gobierno español tiene dos meses para responder a este procedimiento y subsanar las diferencias legislativas con las normas comunitarias. Si no lo hace de manera “satisfactoria” para la Comisión, esta puede emitir un dictamen motivado.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se pronunció hoy destacando que la infracción se refiere a normativa que lleva “bastantes años vigente y que se ha aplicado desde entonces en varias ocasiones”.