Así lo manifestó Díaz durante la apertura de la jornada ‘Una Nueva Agenda de Responsabilidad Social Empresarial’, en la que se presentó un informe con 100 medidas para potenciar la responsabilidad social empresarial (RSE) en España.

Denunció que el paquete de simplificación fue impulsado por la Comisión Europea y aprobado en la Eurocámara gracias a la “alianza del Partido Popular Europeo con la extrema derecha, pero es verdad que una parte de la socialdemocracia europea también” lo apoyó y “cedió a esta presión”.

Entre otras medidas, según relató Díaz, el informe ha rebajado sanciones y ha fijado un umbral mínimo de 5.000 trabajadores la obligación de que las empresas deban adoptar planes de transición climática.

“Es desregulación y esto nos tiene que sonar porque, en los pactos recientes que ha hecho el PP con la extrema derecha, hay consejerías de desregulación”, lanzó Díaz, que rechazó el discurso que apuesta por que Europa “compita en el mundo bajando el listón de derechos”.

“El futuro de Europa no es bajando ni deteriorando los derechos laborales, los derechos humanos, los derechos ambientales… es justamente haciendo todo lo contrario”, prosiguió Díaz, antes de alertar de que era “mentira” todo lo que se decía de que de las crisis hay que salir creando empleo mediante la temporalidad y salarios bajos. En su opinión, la reforma laboral pactada con sindicatos y CEOE en 2021 o las revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI) han demostrado lo contrario.

En su alocución, la vicepresidenta segunda fijó la atención en la vulneración de derechos humanos con la que trabajan muchas personas en países en vías de desarrollo y que usan empresas que operan en Europa y España, en sectores como el textil o el tecnológico, para la fabricación de artículos. Al hilo, rememoró las más de 1.300 muertes del edificio Rana Plaza, en Savar (Bangladés), cuando se derrumbó.

“Dentro de ese edificio había miles de personas trabajando. Lo hacían para marcas de prestigio internacionales. Murieron no una ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco personas. Murieron 1.134 personas. Y hoy creo que también este informe es un homenaje para esas personas”, se dolió Díaz, que explicó que esas víctimas sabían que el inmueble tenía grietas, lo trasladaron a sus superiores, pero "les obligaron a entrar bajo amenaza” de perder su salario ese mes.

“Y, pese a todo, las marcas para las que confeccionaban ropa vendida en nuestras tiendas no tenían ninguna obligación legal de saber lo que ocurría en sus cadenas de valor. Es terrible, pero no podemos olvidarnos de esa fecha, el 24 de abril del año 2013”, abundó la titular de la cartera de Trabajo.

En definitiva, Díaz señaló que “lo que este informe defiende es que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente”.

Entre las acciones que se deben adoptar para potenciar la responsabilidad de las empresas, Díaz apuntó la difusión social de lo que sucede en situaciones que no se respetan los derechos, para que puedan decidir “denostar” determinadas marcas; reforzar las vías de reparación para las víctimas; contar con una autoridad independiente que identifique irregularidades y aplique sanciones, y fortalecer las sanciones, porque “los derechos humanos no pueden salir baratos”.