En una visita a la localidad gallega de Ferrol, la titular de la cartera de Trabajo salió así al paso de las palabras de Garamendi este jueves, cuando deslizó que Díaz va a aprobar vía reglamento el refuerzo del control horario porque se ha cogido “una rabieta” después de que el Congreso tumbara el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral con el voto de Junts, PP y Vox.

Garamendi también criticó que se profiera continuamente el mensaje de que hay que “trabajar menos para vivir mejor” y no ejemplos como el de Carlos Alcaraz, del que dijo que no trabaja 37,5 horas semanales.

“Más allá del machismo que rezuman las palabras que ayer dijo sobre mí, no podemos permitir que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más el SMI que un trabajador o trabajadora de nuestro país, nos den lecciones de reducción de la jornada laboral”, cargó Díaz.

Además, le respondió que “el señor Alcaraz no es la mayoría social” de España y lanzó que “el señor Garamendi, con su machismo rampante, no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana”. “Por eso se permiten hablar como están hablando” sobre la reducción de la jornada laboral y sobre el registro horario.

Asimismo, la vicepresidenta segunda anunció que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará que el reglamento del control de la jornada laboral se tramite por la vía de urgencia. Es la única pata de la ley de la reducción de jornada que se puede llevar al Boletín Oficial del Estado (BOE) sin pasar por el Parlamento, puesto que no sucede lo mismo con la propia rebaja del tiempo de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales y con el derecho a la desconexión digital.

En su intervención, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición manifestó que la patronal no se dio cuenta en la negociación de que el registro horario no tiene rango de ley y recordó que los sindicatos CCOO y UGT le pidieron que si decaía la norma en el Congreso, esa “pieza” la aprobar por separado.

Y es que, para Díaz, el refuerzo del registro de jornada es “la pieza clave” para garantizar que no se realice la cantidad de horas extra que se efectúan en la actualidad sin remunerar.