Díaz hizo estos anuncios en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que repasó los datos de empleo en España y celebró el récord en ocupación y que el paro esté en mínimos de 18 años.

En este sentido, puso en valor que ninguno de los “males” que se auguraron cuando ella llegó al Gobierno y emprendió mejoras de derechos laborales se hayan cumplido, como cuando se impulsó la ‘ley rider’, la reforma laboral o las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI). Asimismo, negó que si se hubiera reducido la jornada laboral se hubiera visto afectada la productividad y la competitividad empresarial e insistió que seguirá intentando que la medida salga adelante en el Parlamento.

Precisamente, el Congreso tumbó en septiembre el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales con el voto de Junts, PP y Vox, una norma que incluía también el derecho a la desconexión digital y el refuerzo del registro horario para hacerlo más fiable e interoperable desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Este es el único punto que Díaz puede aprobar sin pasar por el Parlamento y se encuentra ahora en trámites de hacerlo, sacándolo precisamente este jueves a audiencia pública.

La vicepresidenta explicó que la medida que realmente temía la patronal no era la reducción horaria sino el control de jornada, medida que calificó de “mochuelito” dentro de la negociación y que la parte patronal no supo ver. De hecho, desveló que si se hubiera retirado el registro horario, la CEOE hubiera suscrito la reducción de jornada, pues sabe que recortar en media hora la jornada “no es nada traumático en nuestro país”.

Pero Díaz defendió que se debe reformar el registro horario y que no es “nada revolucionario”, puesto que la Justicia europea condenó al Reino de España por contar con un control del tiempo de trabajo que no es “fiable” ni “verificable”. Al respecto, reconoció que se ha reducido en España el número de horas extra no remuneradas pero alertó de que siguen siendo unas 2,8 millones semanalmente.

“Este registro no va de vigilar, sino que va de garantizar que las horas extras se pagan y que el tiempo de descanso se respeta”, aseveró Díaz, quien sentenció: “Un país moderno no se construye a base de horas extras sin registrar, sino todo lo contrario, con trabajo digno, decente y con derechos efectivos”.

Argumentó también que no respetar las jornadas es “competencia desleal”, motivo por el que acusó a la CEOE de no defender los intereses de las empresas y optar por colocarse en posicionamientos políticos. Al hilo, reforzó esta tesis recordando que, junto a la reducción de jornada, se propuso desde Trabajo un plan de acompañamiento a las empresas de menor tamaño de los sectores más afectados por la rebaja de la jornada, que decayó cuando la patronal se descolgó de un posible acuerdo tripartito.

Igualmente, denunció que Junts, PP y Vox, “las tres derechas”, con su decisión de tumbar la reducción de jornada, contribuyeron a “golpear” a los pequeños empresarios y a su modernización. Fue aquí cuando Díaz reveló que entre las acciones de apoyo a las pymes se ofreció desde Trabajo un acuerdo en el seno del Gobierno para indexar los contratos públicos a la evolución del salario mínimo interprofesional (SMI).

Este fue uno de los escollos que ha frenado a la patronal de suscribir acuerdos para elevar el SMI en ocasiones, porque hay empresas y autónomos que se ven “asfixiados” cuando se revaloriza el SMI y por ejemplo un ayuntamiento no aumenta al mismo ritmo la cuantía de un contrato público de un servicio externalizado como puede ser la jardinería o la limpieza.

Díaz apoyó siempre esta tesis, rechazada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Saben que es una pequeña batalla dentro del Gobierno de España, pero es que iba en el acuerdo”, apuntaló.