Según informa la propia compañía, la renuncia, presentada hoy al Consejo de Administración, es consecuencia de las medidas procesales en curso, con el fin de evitar que esta situación pueda perjudicar a la empresa en su contratación con la Administración Pública.

La nueva Ley de Contratos del Estado prohibe que las empresas cuyos directivos estén acusados o procesados no podrán contratar con la Administración. En este sentido, subrayarque más del 70% de la facturación de Cubiertas proviene de contratas con la Administración.

Esta nueva norma afecta también a la constructora Huarte. El pasado martes, el Consejo de Administración Huarte aceptó la dimisión del presidente de la compañía, Mario Caprile, del consejero delegado, Ildefonso Aguilar, y del director de Construcción de la empresa, Manuel Carbajosa, también acusado por cohecho en el 'caso Roldán`. De esta manera ambas empresas podrán contratar con la Administración.

Sin emargo, Cubiertas añade, en la misma nota de prensa, que considera que no existe responsabilidad por los hechos imputados. Asimismo el Consejo ha acordado no cubrir las vacantes "mientras subsista la situación que lñas ha originado, y prestarles todo su apoyo a lo largo de ella en consideración a su permanente actitud de servicio a la empresa, acorde con su trayectoria humana y profesional".