En primer lugar se debatirá la celebración de un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno informe “sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para lograr la plena restauración del orden democrático en Venezuela, para conseguir la inmediata liberación de todos los presos políticos, entre ellos más de veinte ciudadanos españoles, y para que se garantice el respeto al mandato popular expresado en las elecciones del día 28/07/2024, promoviendo una transición política real y efectiva con el concurso imprescindible del legítimo Presidente Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”.

Asimismo, se ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno “para rendir cuentas de la escalada de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno, ante la creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y organismos del Estado”.

A continuación, se estudiará la solicitud para que comparezca la ministra de Sanidad, Mónica García, para informar “sobre los graves incumplimientos de los plazos establecidos en la orden de convocatoria del MIR y las acciones que están llevando a cabo para subsanarlos y garantizar los derechos de todos los aspirantes”.

En cuarto lugar, se debatirá la comparecencia en comisión de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, “para dar cuenta de los motivos, criterios y consecuencias del cierre de las unidades de Diagnóstico Molecular, Cáncer Familiar y del Programa de Terapias Experimentales del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), así como de las medidas previstas para garantizar la continuidad de sus funciones científicas, clínicas y de investigación traslacional”.

La quinta comparecencia en comisión que estudiará la Diputación Permanente es la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “para valorar la implementación de la obligatoriedad de la baliza V16 en España, así como para informar del caótico proceso de aplicación de esta norma que afecta a 28 millones de conductores en nuestro país y las acciones llevadas a cabo por la DGT para informar sobre la nueva normativa”.

A continuación se debatirá la solicitud de comparecencia en comisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para informar “sobre el cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en las disposiciones adicionales trigésima y trigésima primera de la Ley de Movilidad Sostenible, relativas, respectivamente, al plan de choque ferroviario, el plan de atención urgente a los pasajeros y el protocolo de análisis de incidencias en la red ferroviaria, así como a los criterios de puntualidad de Renfe”.

La séptima petición de comparecencia va dirigida a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, “para dar cuenta de las acciones que están tomando desde su ministerio para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España, así como para explicar las últimas medidas implementadas que están limitando gravemente la emancipación de los jóvenes en nuestro país”.

La octava comparecencia en comisión que estudiará la Diputación Permanente es la de la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero, para que informe “sobre los acuerdos en materia de financiación autonómica realizados por el Gobierno de España con el inhabilitado y condenado por malversación Oriol Junqueras que afectan gravemente a nuestro modelo territorial y fiscal, poniendo en juego la igualdad entre españoles”.

También se debatirá la comparecencia de Montero para “dar cuenta de las medidas que piensa poner en marcha el Gobierno para hacer frente a las graves dificultades económicas que sufren las familias españolas, especialmente las más vulnerables”.

La décima comparecencia en coma en comisión que se estudiará es la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que informe “sobre los casos de acoso sexual a mujeres producidos en el entorno de La Moncloa, presuntamente cometidos por cargos del actual Gobierno del Partido Socialista, así como sobre el grado real de cumplimiento del Real Decreto 247/2024, que obliga a la implantación efectiva del protocolo de prevención y actuación frente al acoso en toda la Administración General del Estado, garantizando la tolerancia cero, la protección de las víctimas y la existencia de mecanismos eficaces y confidenciales de denuncia”.

Por último, la Diputación Permanente debatirá la comparecencia en comisión solicitada al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, “para dar cuenta de la implantación de los tribunales de instancia y de las oficinas de justicia según el nuevo modelo organizativo aprobado por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que está generando desconcierto, colapso e incluso caos, como denuncian jueces, letrados de la Administración de justicia, abogados, procuradores y funcionarios de justicia”.