Así lo afirmó en una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, donde aseguró que utilizarán la vía administrativa para reclamar la totalidad de los 3,7 millones de euros, y la penal para “defender todos los derechos de los ciudadanos de las Islas Baleares”.

En primer lugar, Ureña rechazó que el Gobierno de Armengol informara al de Prohens de la reclamación de mascarillas. En este sentido, dijo que ni en el traspaso de poderes de la Consejería de Sanidad ni en el del Servicio de Salud se trató la cuestión, y remarcó en la memoria que se les entregó, de “cerca de 600 páginas”, “tampoco se hace referencia a este expediente de contratación y la situación en la que se encontraba”.

Sobre la reclamación, afirmó que el Ejecutivo de Armengol no lo puso en marcha, sino que, un día antes de la toma de posesión de Prohens, hizo “un informe propuesta de esa reclamación, que tampoco tiene por sí mismo tiene ningún efecto jurídico”. En este sentido, aseveró que la reclamación no se formalizó hasta el 24 de agosto.

“Yo mismo firmé la resolución de inicio de ese procedimiento por el que se reclama a la empresa por valor de 2,6 millones de euros, que es la diferencia que se había calculado entre el precio que se pagó en este contrato y en lo que se valoraron, lo que era realmente las mascarillas”, defendió.

“Sin embargo, a la vista en las últimas noticias”, garantizó que el Gobierno de Baleares tratará de “recuperar el montante global de la operación”, es decir, los 3,7 millones, e intentará “defender todos los derechos de los ciudadanos de las Islas Baleares, que son los que se han visto perjudicados por ese contrato”, por la vía penal.

“El problema de ese expediente no es que haya caducado, es que estamos pretendiendo resolver ahora un contrato que se celebra y se perfecciona en el año 2020, y que en agosto de 2020 un directivo del Gobierno de Armengol lo certifica de completa conformidad y sin ninguna incidencia al respecto”, añadió.

Por último, dijo que las mascarillas siguen almacenadas porque ahora “forman parte de una investigación que está en el curso de Audiencia Nacional”, y dijo que la protección que prestan “es similar al de una mascarilla quirúrgica” pero “con supuesta apariencia de FFP2”.