El debate sobre la educación inclusiva ha salido recientemente del ámbito académico y profesional para instalarse en las redes sociales tras unas declaraciones de la 'influencer' Violeta Mangriñán en las que expresaba su “temor” a que la presencia de niños con necesidades educativas especiales en la misma clase que su hija, de apenas un año, pudiera suponer “un freno para el aprendizaje” de la pequeña.

Sus palabras no tardaron en generar una oleada de reacciones. Entre los comentarios, muchas madres y padres de niños con discapacidad o necesidades educativas especiales recordaron que la inclusión no retrasa, sino que “aporta valores, diversidad y experiencias enriquecedoras” para todos los alumnos. El episodio ilustra cómo los “mitos sobre la inclusión educativa” siguen vigentes en parte de la sociedad, advierten los docentes, que coinciden en que la evidencia “demuestra lo contrario”.

INCLUSIÓN SÍ, PERO CON RECURSOS

El sindicato de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) defendió que la inclusión es una apuesta irrenunciable. Su secretario estatal de Acción Sindical, Ramón Izquierdo Castillejo, explicó, en una entrevista concedida a Servimedia, que "la inclusión educativa es positiva y mejora la calidad de la enseñanza". "Obliga a los docentes a diversificar estrategias y eso beneficia a todos los alumnos. Además, fomenta valores como la empatía, el respeto y la solidaridad”.

Izquierdo reconoció que algunas familias siguen creyendo que la inclusión puede “frenar el ritmo de la clase”, pero insistió en que la experiencia real demuestra lo contrario. “Algunas lo creen a priori, pero cuando sus hijos conviven en un aula diversa comprueban que es enriquecedor. Es un mito que no se sostiene en la práctica”, comentó.

No obstante, advirtió de que el reto no está en el alumnado, sino en los recursos. “Hay casos en los que falta profesorado de apoyo o donde las ratios son demasiado elevadas. Si en una clase de Primaria se atiende a 25 alumnos y entra un niño con dificultades, ese número debería reducirse para garantizar la atención individualizada. Además, se necesita incrementar el profesorado de apoyo especializado en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje”.

Por ello, ANPE reclamó al Ministerio de Educación un “marco estatal de mínimos”, que asegure condiciones homogéneas en todas las comunidades autónomas, evitando que “cada región avance a ritmos desiguales”.

LA VOZ DE LA PEDAGOGÍA

Desde la perspectiva profesional, el presidente del Consejo General de Colegios de Pedagogos y Psicopedagogos, Enrique Castillejo, en una entrevista concedida a Servimedia, puso el acento en la responsabilidad del profesorado, pero también en la falta de apoyo institucional. “El alumno no tiene ninguna responsabilidad en su proceso académico. El responsable máximo de su aprendizaje es el profesor, y para ello necesita recursos, formación y apoyo constante. Sin esos medios, la inclusión es un ideal difícil de alcanzar”.

Castillejo recordó que la inclusión exige un esfuerzo adicional por parte de los docentes, especialmente en secundaria, donde la presión académica es mayor: “Somos un país que pone demasiado peso en el rendimiento curricular. En Secundaria, cuando la diversidad es más visible, se vuelve más difícil garantizar la equidad sin los apoyos adecuados. Y ahí es donde los recursos escasean”.

Además, denunció la insuficiencia de personal de orientación y apoyo: “Es impropio de un país europeo que todavía tengamos institutos sin los recursos necesarios. Los orientadores están saturados y los profesores sienten que deben improvisar soluciones sin respaldo real”.

El secretario estatal de Acción Sindical señaló también que hay informes de la OCDE y la Unesco que destacan que la inclusión “no solo beneficia al alumnado con necesidades específicas, sino que eleva la calidad educativa global”. Al obligar a diversificar metodologías, mejora la enseñanza para todos los perfiles de estudiantes, incluidos los de altas capacidades.

Según Izquierdo, el impacto trasciende lo académico: “Un aula inclusiva crea cohesión, reduce el 'bullying' y fomenta el trabajo cooperativo. Es una manera de preparar a los niños para una sociedad diversa, que es la que se van a encontrar fuera del colegio”.

LA PERCEPCIÓN DE LAS FAMILIAS

La teoría es clara, pero la percepción de las familias revela matices. Según la encuesta de Plena inclusión España, muchos padres perciben que “los centros de educación especial ofrecen mejores condiciones de accesibilidad, participación y apoyos que los ordinarios”. Esto refleja que el problema no es la inclusión en sí misma, sino la falta de medios para que funcione en igualdad de condiciones, explican.

La inclusión educativa en España cuenta con amplio consenso social, sindical y profesional. Nadie duda de que es el camino correcto. Sin embargo, la falta de inversión y planificación sigue siendo la “gran barrera”, aseguran los expertos.

Castillejo resumió así la situación: “La educación inclusiva es una responsabilidad colectiva. Si no se dota de medios a los profesores, lo que se genera es frustración y desigualdad. España no puede permitirse seguir fallando en esto”.

Por su parte, Izquierdo concluyó que la solución pasa por medidas concretas y verificables: “Reducir la ratio, aumentar el profesorado de apoyo y garantizar recursos mínimos en todo el Estado. No hay otra vía”.