Para el director de Greenpeace España, Xavier Pastor, "la autorización emitida hoy por la Junta indica la eficacia en nuestro país del chantaje de una multinacional sueca, para obtener intereses en su propio beneficio".

La organización ecologista considera que la decisión no está fundamentada en argumentos medioambientales, ya que asegura que la multinacional oliden-Apirsa, propietaria de la mina, no ha garantizado la seguridad de esta instalación.

"Es necesario y urgente encontrar una salida laboral a los trabajadores de la mina, pero en ningún caso se debe justificar el mantenimiento de 450 puestos de trabajo a costa de poner en peligro el futuro de Doñana y de los miles de empleos en la agricultura, la pesca y el turismo en la zona", señaló Pastor.

Asimismo, denunció que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Gobierno andaluz son cómplices d poner en peligro, de nuevo, el futuro de Doñana y todo el sistema socioeconómico de la zona.