En concreto, se trata de la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona. Ambas dirigentes argumentan ante el órgano que regula a los jueces que están “amparadas por la garantía de inviolabilidad como a electas”, tal y como indica ERC en una nota de prensa.

Un derecho, continúan en las alegaciones, “estrictamente relacionado con los de libertad ideológica, expresión, reunión y de representación política" como diputada y regidora. Al mismo tiempo, ambas argumentan que la actuación de los representantes públicos tiene que ser “plenamente libre”.

El documento de alegaciones “también deshace las acusaciones de la jueza” contra Balsera y Baró porque “no reflejan debidamente la realidad de los hechos”. Por un lado, dice ERC, la regidora hizo unas declaraciones sobre un pliego en el que se pedía retirar la participación de la magistrada de la Mesa Institucional contra la Violencia Machista.

El pliego, desgrana ERC, recogía la denuncia pública “de tres testimonios que acusaban a la jueza de ejercer violencia institucional y hacía referencia a la información aportada por el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, según la cual, 74 de las 149 quejas recogidas en casi un año en todo el Estado se han tramitado en Barcelona y apuntan a este juzgado”.

En el caso de Balsera, destaca ERC, expuso “los datos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en la memoria de 2023, recogía que el 52% de las órdenes de protección a víctimas de violencia machista fueron denegadas” y argumentó “que era importante saber cuantas de las peticiones denegadas acabaron en feminicidio”.

Balsera, en su intervención en el pleno, hizo referencia a las noticias publicadas sobre el trato de la citada jueza hacia las víctimas de violencia machista, “una intervención que nada tiene que ver con lo que expresa la magistrada en su escrito”. “La diputada nunca acusó a la magistrada del asesinato de dos mujeres a las cuales denegó protección”, dice el texto de alegaciones.

Finalmente, desde ERC apuntan que Balsera y Baró consideran que el Consejo General del Poder Judicial “no tendría que dar recorrido a la queja de esta jueza contra ellas” y que, por tanto, el CGPJ “tendría que denegar la petición de amparo”.