La organización advirtió de que, coincidiendo con el periodo de admisión para el curso 2026/2027, muchas familias reciben evaluaciones psicopedagógicas y propuestas de escolarización que, en algunos casos, “pueden derivar en presiones para aceptar la escolarización en centros de Educación Especial”.

En este contexto, recomendó a las familias que "no firmen documentos" como dictámenes de escolarización o evaluaciones “si no están plenamente informadas o en desacuerdo”, ya que podrían “facilitar la derivación de sus hijos a modelos educativos segregados”.

La asesora de Educación Inclusiva de la entidad, Ana B. Rodríguez, denunció que “el sistema educativo utiliza ‘trampas’ para dificultar la inclusión real del alumnado con discapacidad” y advirtió de que “muchas familias han normalizado la vulneración de este derecho”.

Según explicó, entre estas prácticas figuran el “uso de etiquetas” que “condicionan las expectativas del profesorado”, “evaluaciones que priorizan el déficit del alumno” frente a la identificación de apoyos necesarios o “dictámenes de escolarización” que pueden “limitar el acceso a centros ordinarios”.

Asimismo, señaló la proliferación de aulas específicas dentro de centros ordinarios como “una forma de segregación”, al mantener al alumnado separado durante gran parte de la jornada, lo que afecta a su desarrollo social y educativo.

Desde Down España insistieron en que estos procesos no parten de un análisis de las barreras del entorno ni de la aplicación de medidas inclusivas como el diseño universal para el aprendizaje o los apoyos especializados dentro del aula ordinaria.

La entidad subrayó que las familias desempeñan un “papel clave” en la defensa del derecho a la educación inclusiva, aunque “muchas afrontan estas situaciones con desánimo”. Por ello, animó a informarse, solicitar aclaraciones y recurrir a herramientas legales si es necesario.

En este sentido, recordó que las familias pueden acudir a instituciones como el Defensor del Pueblo o el propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para “defender sus derechos”.

Por su parte, el abogado especializado en educación inclusiva Juan Rodríguez Zapatero destacó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la escolarización en centros ordinarios “debe ser la opción prioritaria”, siempre que se proporcionen los apoyos necesarios, y que la derivación a Educación Especial “solo puede darse de forma excepcional y justificada”.

Finalmente, Down España instó a las administraciones públicas a “garantizar un sistema educativo que asegure la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado en igualdad de condiciones”, en línea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.