El portavoz de JPD, Ricardo Bodas, advirtió que la reforma se hace necesaria tras la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado una multa de 400.000 pesetas impuesta a una mujer que llevaba 60 gramos de hachís para consumo propio.

Bodas explicó a Servimedia que hasta ahora las multas administrativas estaban recogidas en la norma pero no se aplicaban en la práctica, algo que no podrá hacerse a partir de ahora porque l sentencia del Supremo fija un criterio que la Administración tendrá que seguir necesariamente.

El portavoz del JPD añadió que el Tribunal Supremo hace un pronunciamiento definitivo sobre sentencias contradictorias y es "muy difícil" que haya correcciones posteriores.

Bodas considera que es un enorme "despropósito" sancionar la posesión de droga. Agregó que, hasta ahora, la política tradicional "no era la persecución sancionadora, había una cierta flexibilidad, pero en el momento en que el Tribunl Supremo asienta y da valor a la norma, hace previsible una escalada de sanciones".

Jueces para la Democracia considera que el Supremo se limita a aplicar la ley y entiende que lo que debe hacerse es cambiarla, porque resulta "totalmente restrictiva y ajena a la realidad social".

En la práctica, la decisión del Supremo permitirá a la policía imponer multas a cualquier ciudadano que lleve en el bolsillo una "china" (trozo de hachís), una "papelina" (heroína o hachís), o unas hojas de "maría", aunue sea solo una infracción administrativa, y no delito castigado penalmente.

De acuerdo con el artículo 25.1 de la "Ley Corcuera", las sanciones administrativas por tenencia de droga van desde las 50.000 pesetas a cinco millones.