Así lo reivindicó en un comunicado en el que recordó que se trata de una iniciativa “largamente reclamada por la sociedad civil” y que, a su juicio, supone “un avance fundamental en la garantía de derechos, la inclusión social y, por consiguiente, la lucha contra la pobreza”.

“La decisión, que se aprobará mediante real decreto, recupera el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular por la regularización, respaldada por más de 700.000 firmas e impulsada por Regularización Ya y demuestra la fortaleza del tejido social y del trabajo conjunto de movimientos sociales, organizaciones y ciudadanía”, abundó.

La red subrayó, además, que esta regularización constituye una herramienta “imprescindible” para combatir la pobreza, al entender que la irregularidad administrativa es “un factor que genera exclusión social y cronifica la precariedad”. “La falta de autorización de residencia y trabajo limita gravemente el acceso al empleo digno, a la vivienda, a la protección social y a otros derechos básicos, empujando a miles de personas a situaciones de pobreza severa”, agregó.

POBREZA Y PROCESO MIGRATORIO

Tras puntualizar que las personas migrantes afrontan mayor riesgo de pobreza, la red indicó que este riego “no es consecuencia del hecho migratorio en sí, sino de las desigualdades estructurales y de las barreras en el acceso efectivo a derechos que encuentran en el país de acogida”. “Este mayor riesgo se traduce en que más del 50% de las personas de nacionalidad extracomunitaria en España se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, una tasa que más que duplica la de la población española”, sentenció, al tiempo que afirmó que, entre las personas con nacionalidad comunitaria, este riesgo también es “significativamente más elevado”, situándose en torno al 35 %.

EAPN-ES quiso “enfatizar” también que estas cifras “responden a barreras estructurales que condicionan el acceso a derechos, recursos y oportunidades”.

Por último, puntualizó que la irregularidad administrativa “intensifica” estas desigualdades al “restringir” el acceso al empleo con derechos, a la protección social y a una vivienda adecuada, “empujando a muchas personas a la economía informal, a condiciones laborales precarias y a situaciones de inestabilidad residencial”.

“A estas barreras estructurales se suman la discriminación, el racismo y la xenofobia, que agravan las situaciones de exclusión y pobreza que afectan a muchas personas migrantes”, concluyó la red, convencida de que que abordar la pobreza exige combatir la discriminación racial y étnica, garantizando la igualdad de trato y el pleno ejercicio de derechos como base de una sociedad cohesionada.

Por todo ello, EAPN-ES confirmó que la regularización extraordinaria es una medida “clave” para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, reforzar la cohesión social y garantizar que ninguna persona quede condenada a la precariedad por su origen o por su situación administrativa.