“El Tribunal no solo demuestra así que no entiende la realidad territorial, sino que no le importa el tremendo impacto sobre el medio ambiente del proyecto ni el precedente tan peligroso que sientan”, indicó este martes Ecologistas en Acción.

El proyecto de resort, que lleva más de 16 años inmerso en procesos judiciales de la mano de los abogados de Ecologistas en Acción, había sido emplazado para su derribo en una sentencia histórica del Tribunal Supremo de febrero de 2022.

El derribo se había acordado en tribunales tras un informe de la Estación Biológica de Doñana (EBD) -órgano dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-, que aconsejaba esa actuación para la mejor protección posible del entorno.

Otros de los factores clave en la decisión fueron la pertenencia de la zona a la Red Natura 2000, así como la proximidad relevante de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

“TREMENDAMENTE FRUSTRANTE”

Ecologistas en Acción consideró “tremendamente frustrante lo sencillo que resulta para los promotores, y una administración autonómica empeñada en ignorar su propia normativa, paralizar la ejecución de una sentencia que no les resulta favorable”.

Esta organización recordó que, cuando se solicitó la paralización de la obras de Valdecañas (la ejecución de una sentencia de 2011 que ya había sido ganada por los colectivos ecologistas), el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura exigió una fianza de 41 millones de euros, una cantidad desorbitada que se justificaba por la posible pérdida patrimonial que supondría parar las obras para la constructora si, en caso de que el recurso planteado por la misma prosperase, la paralización fuera “para nada”.

“Es preocupante que, después de 16 años de procedimiento y varias sentencias que declaran la ilegalidad de la urbanización dentro de un espacio protegido de la Red Natura, se suspenda la ejecución de estas sentencias, contradiciendo la propia doctrina del Tribunal Constitucional para este caso. Esto vuelve a poner en peligro nuestros espacios protegidos”, recalcó Nino Trillo-Figueroa, abogado de Ecologistas en Acción.

Jaime Doreste, también abogado de la organización ecologista, concluyó: “Valdecañas es uno de los casos más rotundos y claros de vulneración de la normativa ambiental en el Estado español, con leyes hechas a la carta a posteriori para tratar de sortear las sentencias judiciales y los incumplimientos de la legalidad. Sería un nefasto precedente que se tolerara esta política tan burda de hechos consumados".