Así lo anunció la organización ecologista en un comunicado en el que recordó que, junto a Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, demandó al Estado hace tres años por “falta de ambición en la lucha contra el cambio climático” y advirtió de que, con su sentencia, el Alto Tribunal se “aparta” de la reciente jurisprudencia de otras Cortes Supremas europeas.

“El Tribunal Supremo ha fallado en contra de las organizaciones que demandaron al Estado en los dos litigios estratégicos climáticos de la historia de nuestro país”, afeó la organización, al tiempo que criticó que la justicia española “ha decidido no atender" a las conclusiones científicas respecto a la emergencia climática, a diferencia del criterio seguido por la “mayoría de tribunales superiores de otros países europeos en litigios similares” y pese a que “los datos cada vez son más preocupantes”.

Tras insistir en que “no se puede ir contra la ciencia ni contra las evidencias”, las organizaciones demandantes avanzaron que estudian ya la presentación de un recurso judicial contra la sentencia, “hasta alcanzar la ratificación de la necesidad de acelerar las políticas contra el cambio climático”.

“Resulta incomprensible la defensa de que las medidas incluidas por el Gobierno son las adecuadas, cuando se desconoce el coste real de cumplir con las indicaciones científicas”, abundaron las organizaciones demandantes, al tiempo que recordaron que varios informes de las Naciones Unidas ya establecieron “con claridad” cómo se “triplican” los costes de la emergencia climática “si no se hace lo necesario para frenarla”.

Junto a ello, la responsable jurídica de Greenpeace España, Inés Diez, puntualizó que la sentencia se “fundamenta” en que en los “compromisos” internacionales asumidos por España “no se contemplan cuáles deben ser los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero, por lo que el Gobierno tiene una gran discrecionalidad a la hora de establecer el porcentaje de reducción de los mismos”.

“Esta es una interpretación con la que no estamos de acuerdo porque, para cumplir de forma realista con el Acuerdo de París, y tal como las organizaciones argumentamos en la demanda, se hace necesario que la reducción sea de al menos el 55% de las emisiones conforme lo que establece la mejor ciencia disponible, que es lo que sí han concluido los tribunales de otros países europeos”, agregó.

En la misma línea, el abogado de las organizaciones y activista de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, consideró que la sentencia del Supremo “no es una buena noticia ni para la sociedad civil ni para la lucha climática ni para el futuro de un planeta habitable”. “Lamentamos que el Tribunal Supremo se haya apartado de la senda que han seguido sus homólogos europeos en casos análogos”, apostilló.

Por último, la también abogada de las organizaciones demandantes Lorena Ruiz-Huerta hizo hincapié en que el “litigio climático” iniciado por las mismas “perseguía implicar al poder judicial en la lucha contra el cambio climático”. "Lamentamos profundamente que el Tribunal Supremo haya dado la espalda al mejor conocimiento científico y a las sentencias de otros tribunales europeos”, incidió, convencida de que este fallo “confirma, una vez más, que la justicia española no está a la altura de la europea”.

En este contexto, adelantó que las organizaciones seguirán "dando la batalla judicial hasta llegar a Estrasburgo, para que obligue al Estado a proteger los derechos humanos gravemente amenazados por el cambio climático”.