Las organizaciones advirtieron de que la situación del lobo en España, cuya caza deportiva está permitida al norte del Duero desde abril de 2025 tras estar prohibida desde septiembre de 2021, es “un claro ejemplo de esta tendencia preocupante en la que la política está desplazando a la ciencia en la gestión de la biodiversidad”.

Indicaron que el reciente intento de varias comunidades autónomas de modificar el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo, que el Gobierno debe enviar a la Comisión Europea, es “un nuevo ejemplo de una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años: la adopción de decisiones sobre especies amenazadas atendiendo a intereses políticos o económicos, en lugar de hacerlo sobre la base de las evidencias científicas”.

“La conservación de la naturaleza no puede depender de mayorías políticas coyunturales ni de presiones sectoriales. La ciencia debe servir de referencia para evaluar el estado de las especies y decidir qué medidas son necesarias para garantizar su supervivencia”, apuntaron las ONG.

LOBO Y ANGUILA

El caso del lobo ibérico es uno de los ejemplos más claros de esta tendencia. Esa especie fue excluida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) mediante una modificación legislativa que evitó el procedimiento administrativo habitual, sin que existiera una evaluación científica que justificara ese cambio.

Las comunidades autónomas pretenden someter a votación política el informe sexenal que valora el estado de conservación de la especie y que España debe mandar a la Comisión Europea, a pesar de que existen pruebas científicas que indican una situación preocupante.

No obstante, las organizaciones advierten de que esta situación afecta a otras especies.

Por ejemplo, las poblaciones de anguila europea, una de las especies más amenazadas del continente, han sufrido una fuerte caída en las últimas décadas. El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) concluyó en 2021 que la especie había superado sus límites biológicos de seguridad y recomendó el cierre total de todas las pesquerías, tanto comerciales como recreativas. Las comunidades autónomas se opusieron recientemente a su catalogación como especie en peligro de extinción.

SALMÓN, TÓRTOLA Y CODORNIZ

La situación del salmón atlántico no es mucho mejor. Según la evaluación realizada por la Sociedad Ibérica de Ictiología para la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), esa especie está muy amenazada en España.

Entre 2015 y 2024, las poblaciones de salmón atlántico disminuyeron en más de un 80% y más de la mitad de su hábitat histórico es inaccesible por la presencia de presas y otras barreras artificiales. A pesar de ello, la pesca deportiva sigue permitida en numerosos ríos.

A estos casos se suman dos especies cinegéticas cuya situación preocupa cada vez más a los científicos. La tórtola europea y la codorniz han visto cómo descendían sus poblaciones en las últimas décadas (un 37% de 1998 a 2018 la primera y un 60,4% entre 1998 y 2024 la segunda).

Sin embargo, las administraciones públicas aún no han desarrollado medidas de protección alineadas con las recomendaciones científicas, que instan a incluirlas en los listados de especies protegidas y suspender su caza.

RESPUESTAS CIENTÍFICAS

Con todo, las organizaciones ecologistas recordaron que la conservación del patrimonio natural es una obligación recogida en la legislación europea y española. “La protección de las especies amenazadas no entra en conflicto con ningún sector económico, sino que garantiza la viabilidad futura de los recursos naturales en los que se sustentan numerosas actividades productivas”, sentenciaron.

En este sentido, apuntaron que “posponer las decisiones necesarias para evitar conflictos inmediatos solo aumenta el riesgo de que las poblaciones sigan disminuyendo y de que futuras medidas tengan que ser más drásticas”. “Cuando una especie desaparece, las consecuencias ecológicas, sociales y económicas son mucho más difíciles de revertir”, aseguraron.

Las organizaciones recordaron que los ecosistemas funcionan como redes complejas en las que cada especie desempeña un papel irremplazable. Por ello, consideran “inaceptable” que se apliquen criterios diferentes en función del grado de conflictividad política o económica que genere cada especie.

Asimismo, recalcaron que “la única manera de responder a la crisis de naturaleza que atraviesa el planeta es situar su conservación y la lucha contra el cambio climático en el centro de las decisiones públicas”. “La ciencia ya está ofreciendo respuestas. Lo que falta es voluntad política para escucharlas y actuar antes de que sea demasiado tarde”, concluyeron.