Cuerpo explicó que la Autoridad responde a “un derecho de los ciudadanos” y detalló que tendrá un plazo máximo de 90 días para responder a las reclamaciones, de forma gratuita y sin necesidad de que los ciudadanos acudan a los tribunales. Además, las decisiones de la Autoridad tendrán carácter vinculante.

“Vamos a permitir fortalecer ese vínculo de confianza entre los clientes y las entidades”, dijo el vicepresidente primero en una rueda de prensa, tras reunirse con las patronales financieras y las asociaciones de usuarios y mayores.

Las asociaciones participantes en la reunión no recibieron por igual este anuncio. La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, defendió que España ya cuenta con mecanismos de protección, tanto en el Banco de España, como en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en la Dirección General de Seguros.

Kindelán reconoció que son mecanismos que “se pueden y se deben mejorar”, pero defendió que funcionan y que el 79% de las reclamaciones se resuelven a favor del cliente. Además, consideró que en un momento en el que Europa avanza hacia la simplificación regulatoria “no es el momento” de impulsar esta propuesta.

Al igual que la presidenta de la AEB, el director general de CECA, Antonio Romero, expresó que están de acuerdo con la necesidad de proteger al cliente financiero y recalcó que “el modelo actual es más que suficiente para abordar esta problemática”.

“No es necesario constituir una nueva Autoridad cuando ya disponemos de tres”, agregó Romero, que también aludió a la simplificación del marco normativo europeo y mostró partidario de reforzar la protección actual al cliente en lugar de avanzar en la Autoridad.

Por el contrario, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto, agradeció que el Ministerio avance en los trámites para que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero sea una realidad.

La directora del Servicio Legal de Asufin, Marisa Protomártir, comentó que los servicios actuales “son buenos técnicamente”, pero sus tiempos de resolución pueden prolongarse durante dos años y sus resoluciones no resultan vinculantes para las entidades.

“Celebramos que pronto se vuelva a retomar esta iniciativa y esté pronto en funcionamiento”, expresó Protomártir.

AMBICIÓN EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA

El vicepresidente primero calificó la reunión de este viernes de “productiva” y aseguró que en estos últimos cuatro años se han logrado “avances significativos” en la inclusión financiera de los mayores, las personas con discapacidad o las personas que viven en el ámbito rural, gracias a la colaboración público-privada.

“Tenemos que seguir siendo ambiciosos de cara a seguir mejorando en el ámbito de inclusión financiera”, admitió Cuerpo.

El ministro señaló que, en el ámbito rural, se ha firmado un contrato programa con Correos para que se pueda dar servicio gratuito a los residentes en municipios de menos de 500 habitantes y se espera que esté en funcionamiento “de aquí a finales de año”.

En lo que respecta al fraude financiero, Cuerpo aludió a la creación de la Brigada Antifraude y a los avances en el diagnóstico. Esto ha servido para detectar que los ciberataques están dando paso a la suplantación de identidad de los usuarios y a las manipulaciones del ordenante, que se dan en el 70% de las operaciones fraudulentas.

Para atacar el fraude, se está avanzando en la creación del Registro de Alias, una medida preventiva que obliga a las empresas que tengan contacto por sms con sus clientes a registrarse en esa plataforma o, de lo contrario, sus mensajes serán bloqueados. Cuerpo instó a las compañías a registrarse antes del 15 de septiembre, bien a través de la operadora o de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Por último, el ministro detalló que se ha llegado a un acuerdo para la elaboración de “un mapa detallado del estado de la accesibilidad”, que espera que esté operativo a finales de año para conocer cuál es el grado de accesibilidad y poder mejorar la inclusión.

SATISFACCIÓN ENTRE LAS PATRONALES

Kindelán expresó el compromiso del sector con la inclusión financiera y puntualizó que ya se alcanza a un 99,4% de la población, gracias a medidas como el acuerdo con Correos, que permite el acceso a efectivo en el “100% de los municipios”.

“No se me ocurre otro servicio ni públicos ni privado que tenga ese nivel de capilaridad”, apuntó la presidenta de la AEB.

Además, garantizó que se están perfilando productos financieros más sencillos y accesibles, y añadió que existen tarjetas con muesca o en braille, y que se está impulsando el lenguaje claro nivel B2 con letra grande.

Kindelán recalcó que las entidades “se están esforzando mucho las entidades en formar a las personas que dan atención” al público y se está colaborando con entidades de referencia, como Iluion.

“La accesibilidad tiene que entenderse como un proceso de mejora continua, porque cambian las tecnologías y las necesidades de las personas y los estándares de accesibilidad son cada vez más exigentes”, manifestó.

Por otro lado, abogó por reforzar la educación financiera desde los colegios y pidió que se exijan responsabilidades a las plataformas tecnológicas en las que se originan los casos de fraude.

Romero, de CECA, destacó el tono “constructivo y la valoración positiva” del encuentro de este viernes y aseguró que, a pesar de los avances, no se ha caído en la complacencia.

“Creemos que estamos mejor capacitados para atender necesidades específicas”, remarcó. También se comprometió a llegar al 0,6% de la población que todavía está excluida y dirigirá los esfuerzos a ello.

EXCESO DE AUTOCOMPLACENCIA

Frente al análisis de las patronales, el presidente de PMP consideró que sus datos están “llenos de autocomplacencia” y se alejó de las cifras que sitúan la inclusión financiera en el 99,4%. En su opinión, solo se busca llegar al 100% para decir que “ya está resuelto”, pero insistió en que no es así.

Fernández reclamó un trato personalizado para los colectivos de más difícil acceso, con una atención multicanal y que no se centre únicamente en el digital. Asimismo, exigió soluciones para personas mayores con discapacidad visual o física.

También valoró de forma positiva la elaboración del mapa nacional de instalaciones accesibles y consideró que va por el “buen camino”. “No pedimos privilegios, pedimos ser bien atendidos”, exigió.

Por su parte, Protomártir instó a acelerar todos los mecanismos de prevención y celebró que se retome la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.