Pedreño desgranó estas ideas durante su intervención en la Comisión de Personas Expertas sobre Democracia en el Trabajo, creada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, integrada por 13 expertos de reconocido prestigio internacional en los ámbitos académico y político.

El mandato de este grupo es orientar sobre los medios más adecuados para llevar a cabo una estrategia de democratización a nivel empresarial, tanto en la dimensión de la propiedad como de la participación en la toma de decisiones. Asimismo, la Comisión debe abordar el papel que puede desempeñar el ámbito europeo.

El mandato de la Comisión incluye asesorar en el desarrollo normativo del artículo 129.2 de la Constitución Española, que establece: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

En su alocución, Pedreño explicó su visión sobre la importancia del Artículo 129.2. Según Pedreño, “este precepto es uno de los artículos más innovadores de la Carta Magna, ya que encierra una visión profundamente transformadora del sistema económico al incorporar principios de democratización y participación en el ámbito empresarial”.

Pedreño destacó también que “este es el único supuesto de estructura empresarial que goza de un triple apoyo constitucional: como cualquier empresa privada; como cooperativa o sociedad laboral que debe ser parte central de las políticas de fomento empresarial por parte de todos los poderes públicos y, también, como vía para facilitar la participación de las personas trabajadoras en la propiedad de los medios de producción”.

A juicio del máximo responsable de la patronal española de la economía social, el artículo 129.2 “no es una utopía, es una hoja de ruta constitucional”, en tanto que “nos invita a construir una economía donde las personas estén en el centro, donde el trabajo tenga voz y donde el desarrollo no sea solo una cuestión de cifras, sino de dignidad, participación y justicia”.

“Cumplir este artículo no es sólo una opción de política económica. Es, ni más ni menos, que cumplir la Constitución. El Estado debe crear las condiciones materiales y estructurales para que la participación de los trabajadores en la economía sea un derecho real, no solo una aspiración constitucional”, apostilló Pedreño.