La educación vial se incorporó el pasado mes de septiembre al currículum educativo de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato tras la entrada en vigor de reales decretos impulsados por el Gobierno que desarrollan reglamentariamente la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe).

Con ello culminan tres décadas de reivindicaciones. “Tiene un mensaje y una pedagogía social inmensa: todos los niños van a salir del colegio con conocimientos en desplazamientos a pie, en patinete y en bicicleta”, según el director general de Tráfico, Pere Navarro.

La AESVi ha consultado varios centros educativos para conocer de primera mano cómo se está implementando la enseñanza de la educación vial. Muchos de ellos imparten los contenidos desde los talleres de educación vial que organizan con las policías locales, a la espera de que se puedan ampliar algunas cuestiones normativas, pero muchos otros no pueden cubrirlos por falta de formación del profesorado.

“El hecho de que la educación vial se imparta en las aulas aún no es una realidad al 100%”, aseguró este jueves la AESVi, que reclamó a las autoridades más formación del profesorado y el modo en que se va a realizar esta reivindicación.

"PRIORITARIO"

Ignacio Fernández, presidente de AESVi y director de la Fundación RACE, afirmó que "en este momento no existen formaciones específicas en educación y seguridad vial infantil para el profesorado, lo que supone el retraso de su impartición en las aulas como parte de los contenidos del currículum de cada ciclo formativo”.

Los niños forman parte de los colectivos vulnerables que transitan en las vías de circulación, ya que se desplazan como peatones y como usuarios y ocupantes de diferentes medios de transporte, tanto individuales como colectivos.

Por esta razón, AESVi insistió en que enseñarles normas básicas de circulación y transmitirles valores de seguridad, responsabilidad y prudencia resulta clave para mejorar la seguridad vial infantil, aunque tal transmisión del conocimiento debe realizarse desde una base científica y técnica que esté regulada y no dejarla al criterio individual de cada docente.

“Es prioritario que las autoridades competentes proporcionen a los docentes recursos formativos específicos impartidos por expertos en la materia que puedan transmitir su conocimiento al profesorado y estos, a su vez, a los alumnos”, insistió Fernández.