Dicho procedimiento, que según las empresas afectadas, Iberdrola y Sevillana de Electricidad, les permitirán sacar de su balance un endeudamiento de casi 720.000 millones de pesetas, es, según Eguiagaray, "una buena noticia para los españoles".

"En primer lugar", explicó, "para los consumidores de energía eléctrica, que se ahorrarán más de 110.000 millones de pesetas; en segundo lugar, para las compañías eléctricas ysus accionistas, que reducirán su endeudamiento en más de 700.000 millones de pesetas; y en tercer lugar, para el sistema financiero español, que ha diseñado una operación innovadora".

Eguiagaray destacó que entre los atractivos de la operación figura, además de dar solución a un problema histórico como el de la moratoria y dus efectos financieros, el de que se establece un modelo para financiar en el futuro decisiones de cierre de activos no productivos, como ha sido el caso de las centrales nucleare paralizadas en 1993 -Lemoniz I y II, Valdecaballeros I y II y Trillo II-.

Según las explicaciones del ministro, el ahorro para los consumidores viene determinado porque las condiciones pactadas permitirán amortizar esa deuda antes de los 25 años que estaba previsto. En concreto, los informes financieros elaborados apuntan a que hará a los 20 años.

Durante este periodo, la tarifa eléctrica estará cargada con un 3,54% de su importe para amortizar la deuda, porcentaje que se podrá reducir desde el omento en que el Estado haya cubierto al menos el 50% de sus compromisos.

RENUNCIA A COMISIONES

Las condiciones ventajosas tienen que ver con la decisión adoptada por el 'pool' de entidades financieras de renunciar al cobro de comisiones de aseguramiento en la colocación de los títulos entre inversores, abaratando así notablemente el coste de la operación.

Al fijar unas condiciones financieras ventajosas, el acortamiento del tiempo de amortización permitiría eliminar antes el recargo de la taria, lo que supondrá un ahorro para el consumidor de unos 116.000 millones de pesetas.

Dichas condiciones están aseguradas por un grupo de entidades financieras que garantizan un coste máximo para la financiación de los títulos que se emitan entre los inversores, y que forman BBV, Argentaria, Central Hispano, Caja de Madrid, Chemical Bank y Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK).

Las operaciones de titulización se harán con la garantía del Estado, y el agente financiero de la operación será el Instituto de Créito Oficial (ICO).