En este contexto, la política presupuestaria del PP abandona la vía de un posible aumento de impuestos para centrarse en la contención del gasto corriente mediante medidas de "desregulación y competencia en la prestación de servicios públicos".

El PP se propone reformar el sector público con un reforrzamiento de los controles legales sobre el gasto público y una reordenación del marco de actuación de l empresa pública que será sometida a un "amplio proceso de privatizaciones". El PP desea que desaparezcan las desviaciones presupuestarias ó que " de producirse, sea la excepción y no la regla".

Si los populares acceden al gobierno confían "devolver la confianza a los proveedores y contratistas del Estado" con una reducción dela discrecionalidad pública en los plazos para cancelar deudas o en la continuidad de los procesos de inversión.

El PP se pronuncia a favor del control de la inflación como equisito indispensable para alcanzar un crecimienmto sostenido, sobre la base de un mayor protagonismo de la política presupuestaria y una mejora de la calidad de los servicios públicos.

La estabilidad que el PP preconiza la extiende al contexto europeo, donde se asegura la permanencia en el Sistema Monetario Europeo aunque ello suponga un cambio en la política monetaria.

La defensa de los intereses españoles en el ámbito de la CE, para el Partido Popular, debe ser "ante todo la defensa de las emresas españolas, pequeñas o grandes".

ACTUALIZAR BALANCES SIN COSTE FISCAL

Tambien en este ambito empresarial, el PP contempla la aplicación de un programa de actualización de los balances de las empresas a fecha de 31 de diciembre de 1993 sin que tenga coste fiscal alguno para los dueños de esas sociedades, si su líder, José María Aznar, consigue una mayoría suficiente para gobernar tras las próximas elecciones del 6 de junio.

Las empresas, y en especial las de pequeño y mediano tamaño, que reresentan el 98 por cien de las que hay en España, son las principales destinatarias de la reforma fiscal propugnada por el PP, para las que el equipo de Aznar propone, entre 1993 y 1995, elevar al 10 por cien las deducciones en el Impuesto de Sociedades por inversiones en activos fijos, y hasta 25 por cien las que se dediquen al fomento de la exportación.

Estas medidas, junto a las ya conocidas de mantener la actual presión fiscal, para posteriormente proceder a su reducción, y la de revisar el Impueso de Actividades Económicas (IAE),tienen un coste para la hacienda pública de 550.000 millones, según los responsables del partido. pesetas.

Las "pymes" vuelven a ser las protagonistas de las medidas de política energética que el PP desea aplicar, en el supuesto de formar Gobierno, con un régimen tarifario específico para este tipo de industrias y para las empresas familiares, basada en una política de tarifas eléctricas ajustada a su precio real, y que no soporte aspectos como la amortización de la mratoria nuclear o las compras de energía a la empresa pública Endesa, lo que se ha dado en llamar las "externalidades" de la tarifa.

PRIVATIZAR ENDESA

En el terreno nuclear, el PP no reniega de la energía atómica para las nuevas instalaciones de generación que exiga la demanda del país, ateniendose al criterio prioritario de seguridad y dando una respuesta al problema que plantea esta energía como la ubicación y tratamiento de los residuos radiactivos.

Endesa, junto a otras empresas estatales cmo Renfe, Telefónica e Iberia, también sufrirían las consecuencias de su la política popular en materia de privatizaciones, cuyo objetivo es someterlas a la libre competencia del mercado, manteniendo el control público en aquellos sectores que sea estrictamente necesario.

Respecto a la vivienda, las medidas propuestas por el PP vuelven a estar vinculadas con la reforma fiscal, en la que el partido de Aznar defiende una rebaja y simplificación impositiva para este sector del mercado inmobiliario.

ambiar la legislación de alquileres, facilitar el acceso a la vivienda propia mediante medidas como triplicar la aportación del Estado a esta finalidad en 8 años, introducir oferta de suelo público en el mercado para abaratarlo, reformar la Ley de Suelo y rebajar la fiscalidad para VPO son propuestas que cierran el programa de política de vivienda del PP.

PROHIBICION DEL ENCADENAMIENTO DE CONTRATOS TEMPORALES

En materia laboral, si el PP sale vencedor en las próximas elecciones generales propondrá alos sindicatos la negociación de una reforma global y estructural del mercado de trabajo que fomente la creación de empleo y se oriente a crear un mercado de trabajo más "adaptable".

Para el PP, esta reforma debe contemplar una modificación legal de los contratos temporales en general y del de fomento del empleo en particular, prohibiendo el encadenamiento de estos contratos, así como la legalización de las empresas de trabajo temporal, coincidiendo con las pretensiones del Gobierno socialista.

Aemás, los populares son partidarios de fomentar la movilidad funcional de los trabajadores, a través de la sustitución de las ordenanzas laborales por convenios colectivos, y ligar la percepción de prestaciones por desempleo a la realización de cursos de formación y a aceptar las ofertas de trabajo que se propongan al parado.

El PP se compromete también a reducir gradualmente en cuatro años las cotizaciones sociales de las empresas, equiparándolas a las de los países más avanzados de la CE, y a garantzar el poder adquisitivo de las pensiones, revalorizándolas en función del aumento de la inflación.

La reforma del Inem será otro caballo de batalla del PP si llega al poder, centrando sus funciones en la colocación y la formación de trabajadores y traspasando el pago de las prestaciones a la Seguridad Social.

El hipotético Gobierno del PP incrementaría el porcentaje de gastos dedicados a políticas activas de empleo y formación en relación con el destinado a prestaciones por desempleo, ya que conidera que es necesario pasar de una política que crea parados a una que aumente el número de trabajadores activos.

El PP asegura que si gana las elecciones hará todo lo posible para fortalecer el diálogo social y desarrollar una política de consenso con los sindicatos para generar empleo. A su juicio, una política en favor de la concertación permitirá reducir las huelgas. También elaborará una ley de huelga que garantice los servicios esenciales para la comunidad.

MAYOR FUERZA ANTE LA CE

En matria agrícola, el Partido Popular en el caso de formar Gobierno, mantendría una postura de fuerza frente a los organismos comunitarios, con la solicitud de la cláusula de salvaguardia o derecho de veto cuando la importación excesiva de un producto distorsione a la baja el mercado español.

Esta fuerza política considera que España está discriminada en la CE ante la pasividad del Gobierno socialista, y señala que mientras un agricultor francés recibe más de medio millón de pesetas en ayudas de la Comunidd al año, el español no llega ni siquiera a las 250.000 pesetas.

Para compatibilizar la reciente reforma de la Política Agraria Común (PAC) con la situación española, el PP aplicaría un Programa Integral Agrario, para el desarrollo económico, social y cultural de la población rural.

Frente al programa de reforestación de 600.000 hectáreas puesto en marcha por el Gobierno para los próximos 20 años, el Partido Popular es mucho más ambicioso: plantaría árboles en un millón de hectáreas de tierras arbles en seis años.

Asimismo, este partido intentaría que los jóvenes se queden en el campo, para lo cual propone ayudas a la primera instalación, un programa de formación profesional rural y facilitar las sucesiones.

Por último, en su programa destaca la convocatoria de elecciones para clarificar la verdadera representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, reivindicación formal de todas éstas, pero que verdaderamente sólo desean dos (Jóvenes Agricultores y COAG).

PREFERENCIA COMNITARIA

En materia pesquera, el Partido Popular también considera prioritario defender a ultranza los intereses de los armadores y pescadores españoles en la CE, exigiendo el principio de preferencia comunitaria para las capturas de nuestro país, y solicitando la cláusula de salvaguardia cuando sea necesario para evitar el hundimiento de precios de los productos pesqueros.

Caso de formar Gobierno, defendería los derechos de pesca en nuestros caladeros tradicionales y la supresión de limitacioneslos buques españoles, así como los acuerdos con otros países para el acceso a nuevos caladeros.

Reforzaría las líneas de créditos y ayudas al sector para la renovación de la flota pesquera y fomenatía el desarrollo de la acuicultura y las empresas mixtas en el marco de la CE.