En declaraciones a diversos medios de comunicación, tanto escritos como radiofónicos y audiovisuales, tras la detención y posterior ingreso en un centro hospitalario de Elejalde, Egibar acusó a los policías encargados del caso de maltratar y torturar al presunto terrorista.

Para ANPU, la investigación realizada por el Ministerio del Interior y por el forense del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián, así como los interrogatorios efectuados por el juez instructor del caso, djan claro que Elejalde "no fue torturado ni objeto de malos tratos" y, por tanto, "no hubo ninguna vulneración de los derechos fundamentales ni de la integridad física del interesado".

En consecuencia, según consta en la denuncia presentada, ANPU considera que Egibar, "sin base, sin fundamento alguno y con un claro 'animus infamandi' y 'animus injuriandi'", imputó con publicidad a los funcionarios encargados de la custodia de Elejalde un delito de torturas y otros contra la integridad moral.

ParaANPU, las palabras de Egibar tenían "la finalidad patente de vilipendiar y desacreditar (al Cuerpo Nacional de Policía) ante toda la sociedad y sobre todo ante la sociedad vasca, intentando minar su moral, con la repercusión tan grave que ello conlleva en la lucha antiterrorista".

El sindicato recuerda que ya en 1989 el Tribunal Supremo condenó a una persona por un delito de calumnia contra la Policía a penas de 6 meses y un día de prisión menor, multa de 30.000 pesetas y una indemnización en conceptode responsabilidad civil de un millón de pesetas.

La denuncia de ANPU se suma a la presentada ayer por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra Egibar, a quien, además de acusarle de calumnias, exige 100 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil, cantidad que sería destinada a la Fundación de Huérfanos de dicho cuerpo policial, según consta en el escrito de denuncia.