La memoria da cuenta detallada de toda la investigación relativa al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, y explica que no pudo ser encausado por falta de pruebas, por prescripción de los hechos supuestamente delictivos o por estar protegido por la inviolabilidad que establece la Constitución para el jefe del Estado.

“No obstante”, dice la memoria, “pese a que la investigación desarrollada (…) no permitió ejercitar acción penal alguna contra el rey emérito” por “la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del jefe del Estado o la regularización fiscal, ha sido precisamente la actuación de la Fiscalía la que ha permitido recuperar 5.095.148 euros para las arcas públicas, cuantía correspondiente a las cuotas tributarias adeudadas” por Juan Carlos de Borbón a la Hacienda pública, “incluyendo los oportunos recargos e intereses de demora”.

Recuerda la Fiscalía que el objeto de investigación de este procedimiento era un posible delito de corrupción en los negocios, derivado de la forma en la que se produjo la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la Fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula.

Ese conglomerado empresarial estaba formado por doce empresas españolas y dos saudíes. Bajo la lupa de los fiscales estaba su posible relación con el ingreso de 64.884.405 euros (100 millones de dólares), ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación Lucum, de la que Juan Carlos I sería su titular real.

Las diligencias de investigación fueron incoadas el 5 de noviembre de 2020 y tuvieron su origen en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada a raíz de la recepción de un informe de inteligencia financiera emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) en el que se daba cuenta de unas transferencias ordenadas entre los años 2017 y 2018 por un empresario mexicano residente en el Reino Unido, en favor de una cuenta titularidad del coronel del Ejército español, que en el pasado fue ayudante del Rey Emérito.

UN 82,99% DE CONDENAS

La mención a la investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I está recogida en la parte de la ‘Memoria de la Fiscalía’ dedicada a los delitos económicos. En ella se indica que el total de diligencias de investigación procesal en delitos contra la Hacienda Pública durante 2022 ascendió a 162, presentándose 146 escritos de acusación; en delitos contra la Seguridad Social las diligencias de investigación ascendieron a 45, mientras que los escritos de acusación fueron 134, mientras que las diligencias sobre fraude en subvenciones sumaron 27 y los escritos de acusación por esta infracción sumaron 10.

El total de sentencias dictadas en 1.ª y 2.ª instancia por delitos competencia de la especialidad de las que dan cuenta los fiscales delegados asciende a 294, con un porcentaje de fallos condenatorios del 82,99%.

Recuerda el fiscal general que en el período recopilado fue nombrando como nuevo Fiscal Sala Delegado de Delitos Económicos Fernando Rodríguez Rey, tras el fallecimiento de su predecesor.

Añade que la especialidad extiende su competencia a diversas infracciones penales como los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, los fraudes de subvenciones, las insolvencias punibles y la frustración de la ejecución, los delitos societarios o los delitos de contrabando.

Se trata de tipos penales “complejos y técnicamente exigentes, buena parte los cuales son normas penales en blanco que exigen un conocimiento no solo de la ley penal, sino también de la normativa administrativa o mercantil que los complementa. Suelen dar lugar a causas penales de gran complejidad y volumen que demandan una especial dedicación y esfuerzo”.

Por todo ello, García Ortiz reclama un refuerzo de las plantillas de las secciones especializadas para garantizar su máxima dedicación a estas causas y proporcionarles el necesario apoyo técnico y de coordinación. Además, pidió incrementar las actividades en la formación inicial y continuada, que aborden no solo los aspectos penales, sino también los administrativos, económicos o mercantiles, poniendo énfasis en las que se realizan de forma conjunta con el resto de las administraciones implicadas en la materia.

Dada la imposibilidad de obtener datos uniformes de la actuación de la Fiscalía en cada ámbito territorial, la Memoria hace referencia a casos destacados como el tramitado por la sección especializada de la Fiscalía provincial de Córdoba se informa de un procedimiento de singular entidad, instruido en el Juzgado n.º 7 de la capital andaluza sobre un delito de fraude a la Seguridad Social con numerosísimos investigados y unos 470 trabajadores ficticios que ha obligado a conformar más de 300 piezas separadas para posibilitar el enjuiciamiento de los hechos.

Cita también un caso en la Fiscalía provincial de Sevilla en el que se investiga un presunto fraude fiscal de IVA por importe de unos cinco millones de euros correspondiente a los ejercicios 2018 a 2021 en el ámbito mercantil de la comercialización de bebidas alcohólicas. Menciona igualmente en Málaga un procedimiento de especial relevancia por los presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal en el que está involucrado el equiño de fútbol de la ciudad.

La Memoria destaca la labor de la Fiscalía provincial de Barcelona sobre Shakira, a la que se refiere como “una artista mundialmente conocida”, investigada por fraude fiscal con la utilización de un entramado societario ubicado en el extranjero al que canalizar sus ingresos y patrimonio. El ministerio público defiende que cuando al residir más de 183 días en España, la investigada estaría obligada a tributar en el país.

La sección especializada de la Fiscalía de Madrid informa en la Memoria del juicio oral por delito fiscal en el marco del impuesto de los gases fluorados con cuotas defraudadas por importe de 941.158,26 euros, 3.491.724,72 euros y 8.211.175,20 euros. Se trata de una materia novedosa en el ámbito penal. En el juicio se dictó sentencia condenatoria en línea con las tesis del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado.