Eso supone un descenso, del 3,7 por ciento, en relación al mismo periodo del año pasado, algo que no había pasado desde 1988, ya ue desde entonces no pararon de crecer los desembolsos efectuados por las empresas por este concepto.

De esa cantidad, 11.144 millones tuvieron que ser pagados por indemnizaciones de despido fijadas en las Magistraturas de Trabajo en los casos en que no hubo acuerdo previo extrajudicial entre las dos partes.

Otros 15.877 millones de pesetas correspondieron a reclamaciones planteadas por los trabajadores como consecuencia de despidos, sanciones y cantidades acordadas y posteriormente no abonadas e los términos pactados.

El resto, 753,2 millones de pesetas, procedió de demandas formuladas en relación con la Seguridad Social, por irregularidades en la afiliación, cotización, prestaciones, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.