Así lo denunciaron este lunes el presidente y el vicepresidente de la asociación empresarial Convergencia para la Atención, Asistencia y Apoyo a personas con Discapacidad (CAAAD), Pedro Ugarte y Pedro Martínez, respectivamente, durante el diálogo sobre la 'Situación económica y laboral de las entidades y centros de personas con discapacidad' celebrado en la agencia de noticias Servimedia.

Según la patronal de iniciativa social del sector de la discapacidad, el aumento generalizado de costes y la falta de una financiación estable "amenazan" la viabilidad de las asociaciones, en especial, las de menor tamaño.

En opinión de Ugarte, “los próximos meses van a ser muy duros y habrá muchas entidades que no podrán afrontar el pago de nóminas, alquileres, proveedores". Esto se debe al modelo de financiación basado en subvenciones con el que muchas comunidades autónomas sufragan los servicios que prestan estas entidades, tal y como explicó.

La consecuencia es una “gran inestabilidad y la imposibilidad de planificar a largo plazo”, criticó Ugarte, pues cada año las organizaciones deben volver a competir por las ayudas.

A ello se suma el encarecimiento general de la prestación de servicios, prosiguió, por el incremento de salarios debido al nuevo convenio laboral, la subida de la luz y de los combustibles, la guerra de Ucrania o la crisis económica.

“El sector necesita un aumento de la financiación y actualizar los precios”, advirtió. Al tiempo que recordó que “el año pasado, muchas entidades entraron en pérdidas" debido a los mayores costes.

SIN CRÉDITO

A consecuencia de ello, “los bancos han cortado la línea de crédito” que es fundamental para que muchas asociaciones puedan funcionar desde el final del año hasta que llega la nueva subvención al siguiente. “Estos meses que vienen ahora (de noviembre a enero o febrero) son siempre muy difíciles. Yo no duermo”, confesó. El problema añadido es que, por la falta de crédito, “muchas entidades no podrán afrontar los pagos corrientes y se enfrentan al cierre”, subrayó Ugarte.

Esto supondría el fin de la prestación de servicios “esenciales” para personas con discapacidad, como terapias de rehabilitación, programas de formación y el apoyo de asistentes personales.

Para Martínez, “la situación actual es muy preocupante” porque “muchas entidades tendrán que asumir una decisión drástica: o reducir los servicios que ofrecen, lo que supone despido de profesionales y perjudicar la atención a los usuarios, o afrontar directamente el cierre”.

Por todo ello, se dirigió a las administraciones (Estado, comunidades, diputaciones provinciales y ayuntamientos) para reclamarles “una herramienta que garantice sostenibilidad y viabilidad económica al sector y que “no dejen caer” a aquellas asociaciones afectadas por la pérdida de subvenciones y por la inflación.

Finalmente, exigió “un plan de financiación para el sector” e instó a las comunidades autónomas a adoptar un modelo basado en conciertos y no en subvenciones "que ya funciona en varios territorios”.