Así lo han manifestado en un acto a pie de calle diferentes organizaciones, entre las que estuvo la Federación Estatal Lgtbi+ (Felgtbi+), con motivo de los registros violentos y detenciones que han afectado a casi 300 personas, nueve asociaciones y varios comercios en 15 provincias de Turquía desde el pasado 13 de septiembre.

Durante el acto se leyó un manifiesto en el que las organizaciones denunciaron un "grave recrudecimiento de la persecución estatal contra la comunidad Lgtbi+ y la sociedad civil que defienden los derechos humanos" y advirtieron de que los ataques contra activistas y asociaciones trascienden al propio colectivo.

"Cuando se ataca, se persigue y se encarcela de forma arbitraria a personas que solo defienden la igualdad y derechos tan fundamentales como el derecho a ser, se nos está atacando a todas", señalaron.

Los convocantes enmarcaron las recientes actuaciones policiales turcas dentro de una estrategia represiva más amplia y aseguraron que "forma parte de una escalada represiva que dura ya más de dos décadas bajo el mandato de Erdogan" y que, en los dos últimos años, se ha intensificado hasta sumir a la población Lgtbi+ en una "espiral de violencia".

Según recordaron, desde el 13 de septiembre está habiendo registros violentos en domicilios, actuaciones contra asociaciones Lgtbi, el cierre o asalto de locales comunitarios, el bloqueo de páginas web y perfiles de activistas y la detención de decenas de personas durante protestas celebradas posteriormente en Ankara y Estambul.

Asimismo, alertaron de que varias de ellas permanecen en prisión preventiva por su actividad en defensa de los derechos humanos. De este modo, exigieron "la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por su activismo", el fin de las redadas, de la "censura digital" y de la persecución contra asociaciones y activistas, así como "garantías procesales reales conforme a los estándares internacionales de derechos humanos".

En el manifiesto también cargaron contra los discursos oficiales que presentan a las personas Lgtbi+ como una amenaza para la familia o la infancia y denunciaron que este tipo de mensajes sirven para "señalar, estigmatizar y generar odio" contra colectivos vulnerables. Frente a ello, reivindicaron que "la diversidad no es una amenaza: es la base infranqueable de una sociedad libre y democrática".

Respecto a la respuesta internacional, consideran insuficientes las condenas verbales y reclamaron medidas concretas de las instituciones comunitarias. "La UE no puede seguir considerando a Turquía un país seguro", sostuvieron, antes de exigir "la aplicación inmediata de sanciones al Gobierno turco" y la revisión de los fondos europeos destinados al país para evitar que puedan contribuir, directa o indirectamente, a la represión de la sociedad civil.

Finalmente, las entidades defendieron el papel del activismo en la conquista y protección de derechos y concluyeron con un llamamiento a la solidaridad internacional. "El activismo no es un delito" y "los derechos Lgtbi+ son derechos humanos y los derechos no se negocian, se defienden", proclamaron.