Según el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, “la información pública actual es fragmentaria y dispersa, y eso dificulta el control parlamentario y la transparencia en la gestión de los fondos públicos”. Recuerda de desde 1977, diversas normas “han establecido mecanismos de reparación para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

“El Parlamento tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la coherencia normativa en materia de memoria democrática”, subrayó. ERC pide que el informe incluya la cuantía total abonada, la normativa aplicable, la distribución territorial y temporal y el número de beneficiarios, así como la identificación de los colectivos y entidades que hayan recibido ayudas.

Además, reclama que los datos se publiquen en formato abierto (CSV o Excel), junto con la documentación contable y administrativa correspondiente que permita comprobar su veracidad. Álvaro insistió en que “es imprescindible” disponer de “una fotografía clara y completa del gasto público en memoria democrática”, que permita “entender qué cantidades proceden de la Ley 20/2022, cuáles de normas anteriores y qué datos siguen aún pendientes”.

Según el diputado, esta información es esencial para garantizar “la transparencia y la confianza ciudadana en las políticas de reparación histórica”.