La entidad advirtió de que el encarecimiento de los carburantes, la electricidad y los productos básicos está incrementando de forma notable los costes de funcionamiento de las entidades sociales, lo que "compromete la viabilidad de la red de servicios que presta apoyo a personas con discapacidad intelectual y a sus familias" en toda España. La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, señaló que la situación actual se suma a "una acumulación de crisis que han ido deteriorando la estabilidad económica del sector".

"Siguen aumentando los costes a los que tienen que hacer frente organizaciones sociales de atención directa como la nuestra. La revisión anual de precios por parte de las administraciones no cubre los mínimos exigibles. Ante esta situación, que se repite con cada crisis, desde Plena inclusión reivindicamos soluciones a los poderes públicos que financian estos servicios esenciales que dan apoyo a una parte de la población especialmente vulnerable”, afirmó.

950 ASOCIACIONES PERJUDICADAS

Plena inclusión recordó que en la actualidad sus 950 asociaciones conviven con un contexto de "incertidumbre económica al que se suman las subidas salariales derivadas del convenio colectivo, el incremento del salario mínimo interprofesional y los gastos asociados al cumplimiento de obligaciones legales y administrativas".

Asimismo, la organización subrayó que los cambios normativos orientados a modelos de apoyo más personalizados, a la desinstitucionalización, a la reducción de restricciones y a la participación activa de las personas usuarias en la vida comunitaria requieren más recursos para poder aplicarse con garantías.

“Las modificaciones del marco normativo en relación con la personalización, desinstitucionalización, reducción de restricciones, participación de los usuarios en los servicios y promoción de las actividades comunitarias van en línea con los modelos de apoyo que defiende nuestro sector. Pero, si no se acompañan con recursos necesarios, nuestra misión de garantizar derechos inclusivos y la calidad de vida a decenas de miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias se convierte en una misión imposible”, añadió Laucirica.

PLAN ESTATAL

Ante esta situación, Plena inclusión España reclamó la puesta en marcha de un plan estatal de fortalecimiento del sector social "que permita asegurar la continuidad de los servicios y la calidad de los apoyos". La organización considera "imprescindible" avanzar hacia "la equiparación salarial del personal del sector sin ánimo de lucro con las condiciones del sistema público de servicios sociales y establecer mecanismos de revisión y actualización de precios vinculados a la evolución de los costes". Además urge para que "se fijen tarifas basadas en costes reales y se promuevan inversiones destinadas a la renovación de instalaciones y equipamientos".

La confederación insistió en que estos servicios "forman parte del sistema de protección social" y resultan "esenciales" para garantizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, por lo que advirtió de que la falta de financiación suficiente "puede poner en riesgo la continuidad de la atención a uno de los colectivos más vulnerables".