Para Escuelas Católicas, el informe hecho público por Cicae "generaliza en toda la enseñanza concertada situaciones muy concretas que nada tienen que ver con los centros a los que representa Escuelas Católicas, y utiliza términos equívocos que confunden a la sociedad".

"Ante este nuevo ataque a nuestras instituciones, Escuelas Católicas reafirma su compromiso con la educación en condiciones de igualdad, la legalidad de las actuaciones y la transparencia en la gestión de los fondos públicos que sostienen a nuestros centros", añadió la organización católica, que aclaró en un comunicado tras el "décimo intento de sembrar dudas sobre la legitimidad y la función social de la red concertada", que esta red cuenta con una "financiación insuficiente" y que los centros recogen "aportaciones voluntarias, no cuotas obligatorias".

"Los colegios concertados realizan una labor esencial para garantizar la libertad de elección de las familias y la complementariedad de la red pública y concertada, a pesar de que la financiación pública destinada a cubrir los gastos de funcionamiento sigue siendo insuficiente. Los módulos económicos que fija la Administración llevan años sin actualizarse conforme al coste real del puesto escolar, incumpliéndose la Disposición Adicional 29 de la LOE (actualizada y ampliada por la Lomloe en 2020)", argumentó Escuelas Católicas.

Para esta entidad, el incremento presupuestario de los últimos años "apenas cubre los gastos de personal docente, y deja fuera necesidades esenciales como los gastos necesarios de personal no docente, mantenimiento, suministros o renovación de instalaciones". Esta "infrafinanciación" genera "un déficit estructural" que "obliga a congregaciones, fundaciones y entidades titulares a asumir gran parte de los costes, en beneficio de toda la comunidad educativa".

TRANSPARENCIA

Respecto a las denominadas “cuotas” a las que aluden algunos estudios "no son tales". "Se trata de aportaciones voluntarias o donaciones, reconocidas por la ley. Estas donaciones permiten cubrir déficits estructurales y se reinvierten íntegramente en los fines propios de la entidad no lucrativa, como por ejemplo, en el mantenimiento, mejora y sostenimiento de los proyectos educativos elegidos libremente por las familias.

Así, la organización católica subrayó que "las aportaciones voluntarias son legales conforme a la Ley 49/2002 de Mecenazgo y a la normativa educativa reguladora de los conciertos" y que los centros concertados están sujetos "a un triple control financiero", por parte del consejo escolar de centro, de la Administración educativa y de la Intervención de Hacienda, "lo que garantiza una gestión transparente y ajustada a derecho".

Asimismo, Escuelas Católicas remarcó que la Constitución Española, en su artículo 27, reconoce el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que desean para sus hijos. "La red concertada no es subsidiaria de la pública, sino complementaria, y ambas conforman el sistema sostenido con fondos públicos que garantiza el acceso a la educación en condiciones de equidad", zanjaron.