En concreto, los centros de enseñanza de informática reclaman de los distribuidores el veto y la no asistencia técnica a quienes usen copias ilegales de 'software' y no cumplan la ley, cifra que alcanza el 73% de los usuarios y ocasiona unas pérdidas de unos 29.000 millones de pesetas anuales, según la AECEI.

Para esta asociación, un elemento importante de lcha contra la 'piratería' informática sería que los distribuidores promocionaran el uso de los programas originales entre sus clientes y que las empresas del sector alcanzaran un acuerdo marco con los centros de formación que les permita a éstos utilizar copias legales en condiciones de competencia con los que no lo hacen para abaratar costes.

Esta iniciativa de los centros de enseñanza forma parte del plan general de lucha contra la piratería desarrollado por los fabricantes de programas a través de a Business Software Alliance (BSA) y la Asociación Española de Empresas de Tecnología de la Información (SEDISI), que se ampara en la Ley de Protección de Programas de Ordenador.

Como parte de la campaña, BSA emprendió un proceso de investigación y denuncia de empresas inmersas en la actividad de copias ilegales de programas, con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a las que lleva formando en la persecución de estos delitos desde hace meses.

Además, el plan antipiratería cuent con un teléfono de llamada gratuita (900 211 048) desde el que se presta atención legal, se atienden consultas sobre la campaña y se reciben denuncias.

Desde la inauguración de este teléfono, se han recibido 508 denuncias a empresas que utilizan o comercializan 'software' ilegal, lo que ha permitido a BSA presentar 12 denuncias en diferentes juzgados españoles solicitando la intervención judicial en empresas presuntamente infractoras.