Según informó la CNMV, el objetivo de esta actuación supervisora, en la que han participado la autoridad europea de supervisión de los mercados, ESMA, y otras autoridades nacionales competentes, ha sido evaluar, promover y garantizar el cumplimiento con el Reglamento de Divulgación (SFDR), el Reglamento de Taxonomía y la normativa sobre la integración de los riesgos de sostenibilidad. ESMA ya publicó el informe en junio de este año.

Las conclusiones arrojan que el nivel de cumplimiento sobre la integración de los riesgos y la divulgación de información sobre sostenibilidad trasladado por las diferentes autoridades nacionales es, en general, satisfactorio. No obstante, se constata que existe un “margen de mejora significativo” tanto en la integración de riesgos de sostenibilidad como en la divulgación.

Como vulnerabilidades detectadas, destaca el uso de un lenguaje vago, demasiado general, así como la existencia de información incompleta o insuficiente.

Por lo que se refiere a la integración del riesgo de sostenibilidad, en ocasiones faltan procedimientos documentados, así como mecanismos de resolución en caso de incumplimientos.

Respecto a la divulgación de producto, las autoridades nacionales detectan, en ocasiones, que las características ambientales o sociales en la información precontractual no se divulgan con claridad, lo que dificulta su medición y cumplimiento y, a menudo, es demasiado genérica. Por ejemplo, indican que “el producto promueve características ambientales” o “el producto persigue objetivos sociales”, sin más detalle.

El informe incluye gestoras identificadas por determinadas autoridades nacionales con bajo número de empleados dedicados a tareas de sostenibilidad, falta de criterios o indicadores para medir cómo las políticas remunerativas son consistentes con la integración del riesgo de sostenibilidad, así como de la ausencia de controles para verificar que las estrategias de sostenibilidad están apoyadas en datos o métricas apropiados.

El informe se completa con doce recomendaciones dirigidas a las autoridades nacionales y a los participantes en el mercado.

Destaca la importancia de garantizar que la información divulgada sobre los productos en el sitio web sea fácilmente accesible, justa, clara y no engañosa, y subraya la importancia de que resulte accesible para todos los inversores, fácilmente localizable y presentada en un lenguaje sencillo, evitando el uso de jerga o tecnicismos.

Las autoridades también deben seguir cuestionando la idoneidad de los nombres de los fondos y solicitar explicaciones cuando el nombre no se corresponda con sus objetivos y que las entidades eviten hacer referencias demasiado generales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Recomienda que los gestores adquieran y retengan el personal necesario con las competencias, los conocimientos y la experiencia necesarios. Anima a las autoridades a realizar un seguimiento de las entidades supervisadas y a que desarrollen herramientas que les permitan controlar la información divulgada.