Entidades sociales que trabajan con personas migrantes como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem coincidieron en que la discrecionalidad estatal que ofrece el nuevo pacto supone no saber con certeza cómo impactará esta nueva norma europea en España.

Este nuevo pacto reforma el marco migratorio actual, unificando criterios, reforzando procesos fronterizos y estableciendo mecanismos para repartir carga migratoria entre los países, según recoge la UE sobre la nueva legislación.

El acuerdo está comprendido por diez nuevas normas (reglamentos y una directiva). Su principal objetivo, además de homogeneizar el sistema migratorio de la Union Europea (UE), es agilizar los procesos de solicitudes de entrada en las fronteras exteriores de la UE.

Precisamente, sobre ese refuerzo de procesos fronterizos, las organizaciones sociales avisaron de que puede tener impacto en la calidad de la protección de los migrantes si no se aplica con garantías.

El asesor técnico de Dirección de Accem, Francisco José Rojo, alertó en una entrevista a Servimedia que los procesos acelerados que introduce el nuevo marco pueden provocar “mala calidad” en las resoluciones para los extranjeros, especialmente en casos complejos o de personas vulnerables.

También en declaraciones a Servimedia, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, avisó de un “endurecimiento progresivo de los mecanismos” en la política migratoria europea en general.

En su caso, la responsable de Protección de Acnur, Marta García, también compartió que la “complejidad” del nuevo pacto europeo, las excepciones incluidas y el margen de aplicación en cada país pueden derivar en fallos en la protección de las personas y estas sean o sean retornadas o se produzca una “violación del principio de no devolución”.

Del mismo modo, García subrayó que, si no garantiza el principio de no devolución, “el sistema no tiene sentido”. Sin embargo, la responsable de Acnur indicó que el nuevo modelo introduce elementos positivos, como la identificación temprana de vulnerabilidades o la creación de un sistema común.

Así, el nuevo sistema permite a los Estados decidir cuestiones clave como el uso de la detención en frontera o el acceso a asistencia jurídica, lo que refuerza el peso de la aplicación nacional. En este punto, el representante de CEAR dijo que espera una continuidad del sistema español actual y que no haya cambios inmediatos para las personas migrantes, ya que el Gobierno “se ha comprometido” a ello.

No obstante, desde CEAR y Accem advirtieron de que ese margen de aplicación estatal abre la puerta a cambios futuros: “otros -refiriéndose a otros partidos políticos en el gobierno- pueden aplicarlo de forma más extrema”.

Por su parte, Acnur expuso una visión más técnica del nuevo pacto. García valoró positivamente el objetivo del pacto sea unificar la protección de personas y reducir desigualdades entre Estados. “No es mala noticia si se aplica con enfoque de derechos humanos”, apuntó.

Asimismo, las tres entidades coincidieron en señalar posibles riesgos del nuevo marco por las múltiples excepciones, remisiones cruzadas entre normas y cláusulas opcionales que pueden dificultar su aplicación práctica y generar diferencias entre países.

Las entidades también señalaron la necesidad de aplicar bien y desde un enfoque humano todo ello, unido a la necesidad de una correcta implementación con personal formado, intérpretes adecuados y procedimientos accesibles.

Así pues, el impacto del pacto no se medirá tanto en su entrada en vigor como en la forma en que se aplique, lo que sitúa el foco en las decisiones políticas y en la capacidad de garantizar que ese margen se traduzca en protección efectiva y no en una restricción de derechos de personas migrantes.

Finalmente, los representantes de CEAR y Accem mostraron rechazo a los últimos cambios que ha habido en la política migratoria europea, como este pacto y el ultimo acuerdo sobre el reglamento europeo de retornos.

Tanto Valiente como Rojo consideran que las nuevas medidas europeas sobre migración se enfocan en buena parte en la externalización de retornos o el aumento de herramientas de control. Desde esta perspectiva, avisaron de que el pacto no aborda las causas estructurales de la migración ni refuerza suficientemente las vías legales y seguras de acceso, lo que limita su capacidad para ofrecer soluciones de fondo.