Personas mayores

España cree que la Convención de la ONU sobre personas mayores será “un importante motor” para “transformar” políticas públicas

MADRID
SERVIMEDIA

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, afirmó este martes que la futura Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores será “un importante motor” para “transformar” las políticas públicas, pero también la “mirada social” hacia este colectivo.

Así lo reivindicó Martínez durante su participación en la primera Jornada sobre la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Mayores, celebrada en la sede del Imserso en Madrid y en la que ensalzó el “trabajo, diálogo y reivindicación” que el movimiento de personas mayores en todo el mundo ha realizado y que, a su juicio, “por fin ha dado sus frutos” con la aprobación, en abril de 2025 de una Resolución de la ONU para iniciar su redacción.

En su alocución, Martínez admitió que ha sido “un proceso largo” en el que España ha “acompañado”, convencida de que la futura convención “supone sobre todo el reconocimiento de que envejecer es una cuestión de derechos, de derechos humanos además”.

Tras juzgar “evidente” que el desarrollo de la convención internacional va a tener lugar en un contexto global “de una mayor longevidad generalizada de la población y también una inversión de la pirámide de población”, Martínez indicó que el “debate” sobre el “impacto” de este envejecimiento relativo de la población “normalmente y tradicionalmente” se “centra” en la “presión” sobre los sistemas de protección social.

“Pero yo creo que tenemos que empezar a plantearnos, a reflexionar, sobre otros impactos que van mucho más allá del duro análisis económico”, apostilló, al tiempo que abogó por que los países empiecen a “incorporar esta perspectiva en todas las políticas estructurales que están dando forma ya a estas sociedades en las próximas décadas”.

UN TERCIO DE POBLACIÓN

En este sentido, recordó que, en 2050, se estima que el 16% de la población mundial va a ser mayor de 80 años y que, en algunos países como España, el porcentaje va a ser “el 30% de la población”. “Es decir, un tercio de la población española tendrá más de 80 años en 2050”, abundó, al tiempo que urgió a “no ignorar” esta realidad al planificar las políticas públicas.

“Sin duda, una mayor esperanza de vida es un logro democrático, es una de las grandes conquistas sociales de nuestro tiempo, pero será un éxito completo siempre que podamos envejecer con derechos, con dignidad y con autonomía”, aseveró, al tiempo que llamó a “cambiar la mirada social y la mirada pública sobre las personas mayores”.

En este sentido, reafirmó la necesidad de luchar contra los estereotipos y la discriminación, reconocer la diversidad del colectivo de personas mayores y, todo ello, desde “un enfoque de derechos humanos y de promoción de la autonomía”, con la mejora de la accesibilidad como “eje central” de la regulación e inversión pública y del sistema de cuidados y apoyos de larga duración.

Todo esto, para “dejar atrás una visión asistencialista” y “avanzar” hacia un modelo basado en “derechos, centrado en la autonomía personal, la vida independiente y los apoyos personalizados”, tal y como consagra la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en tramitación parlamentaria, que, puntualizó, son “un pilar fundamental en esta visión”.

REFORMA LEGISLATIVA

“Esperamos que puedan ser aprobadas antes de verano porque, sin duda, existe un consenso político y social sobre las reformas propuestas”, manifestó, al tiempo que también destacó otras cuestiones que, a su entender, “deberían estar de manera transversal cuando hablamos de derechos de las personas mayores”, como el enfoque de género, la adaptación social al cambio climático y la innovación social.

En este contexto, mostró su “convicción” de que estos elementos “serán parte de lo que vertebre, de lo que de forma” a la futura Convención Internacional y, “a su vez”, dicho texto, “será un importante motor para la transformación de las políticas públicas, pero también de la mirada social hacia las personas mayores”.

En la misma línea, la directora general del Imserso, Mayte Sancho, avanzó que el proceso que se inicia este miércoles “va a ser fructífero, cocreador, rompedor” y que, “sobre todo, va a garantizar derechos de las personas” y la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, subrayó que se trata del “primero de una serie de actos” con el que la organización pretende “potenciar, promover, agitar el movimiento social de mayores en favor de la convención”.

En paralelo, lamentó que, “a pesar de los avances conseguidos, a día de hoy, no se ha conseguido aún una protección universal e integral de los derechos de las personas mayores”, consciente de que “ha llegado la hora” de auspiciar una Convención Internacional. “Se trata de garantizar la dignidad de las personas mayores en todos los países y en todas las sociedades y estar preparados para abordar el futuro”, prosiguió, al tiempo que celebró que, en los últimos años, “además, ha cambiado que tenemos un Gobierno que apuesta decididamente por la convención y por todas esas políticas de avance en la protección y la promoción de los derechos de las personas mayores”, que, a su juicio, son las “protagonistas” de la futura convención y cuya “voz” tiene que ser escuchada.

Por último, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, criticó que en la UE hay “dos bloques”, con Italia y España que “están por el proceso” de desarrollar la convención internacional, mientras Reino Unido, Alemania, Francia, países nórdicos y Holanda muestran “alguna reticencia” y son “más partidarios de desarrollar las normativas actuales como prioridad”. “No se nos va a regalar”, dijo, al tiempo que reconoció que la sociedad civil se tiene que “ganar el sitio y la voz” en los foros de decisión.

(SERVIMEDIA)
11 Feb 2026
MJR/gja