Así lo defiende el ‘Estudio sobre los procesos de desinstitucionalización y transición hacia modelos de apoyo personalizados y comunitarios’, publicado esta semana por el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba de la Universidad Carlos III de Madrid, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Dicho estudio se enmarca en el proyecto EDI, que pretende contribuir a abordar “con garantías” la transición del modelo de cuidados “institucionalizado” a otro basado en el marco de los derechos humanos, desde un enfoque de desarrollo comunitario y centrado en el proyecto de vida de cada persona, incluyendo niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar.

Según los investigadores, la transición a un modelo con base comunitaria requiere de políticas y estrategias “integrales” basadas en derechos que contribuyan a garantizar el “respeto de la dignidad, la autonomía, elección y control, la seguridad personal, la intimidad, la vida familiar y la capacidad de participar en la comunidad y en la toma de decisiones que les afectan”.

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO

Tras subrayar la importancia de “situar a las personas en el centro”, el informe insta a “abandonar el enfoque asistencial condicionado por el desarrollo de políticas públicas voluntaristas” e invita a entender la desinstitucionalización como un proceso que “prevé un cambio en las modalidades de vida de las personas, desde entornos segregadores, a un sistema que permite la participación social, con un enfoque preventivo, y en el que los servicios se prestan de acuerdo con las necesidades, voluntad y preferencias de las personas y contribuyendo a su desarrollo integral”.

“Analizar la desinstitucionalización desde la cultura de los derechos nos lleva a entender este proceso no como el rechazo de las instituciones sino como el rechazo de la cultura que preside el funcionamiento de buena parte de las que se desenvuelven en el campo de la atención, los cuidados y los apoyos, es decir, como el rechazo de la cultura institucional”, sentencian los autores del informe.

A este respecto, aseveran que dicha “cultura” se “caracteriza” por “la aceptación del aislamiento de las personas, el acceso genérico y no personalizado a los servicios, la falta de toma de decisiones de la persona sobre su propia vida, la relación asimétrica entre cuidador y cuidado y el uso y presencia de restricciones no justificadas”.

En este sentido, admiten que la desinstitucionalización es “un proceso complejo que pretende que no existan instituciones alejadas de los derechos” y supone una “transformación sistémica” a la que, a su entender, “están llamadas todas las personas agentes implicadas en la respuesta social a estas personas" y que requiere de "procesos de tránsito, serenos, seguros y consistentes”.

Para los autores, los “principales elementos” del enfoque de derechos aplicados a la desinstitucionalización son la satisfacción de los derechos como “horizonte inexcusable y guía de cualquier intervención y estructura”, los apoyos personales y comunitarios como “parte esencial para el desarrollo de una vida humana digna”, las relaciones familiares y la vivienda digna.

CAMBIO CULTURAL

“El correcto funcionamiento de estos cuatro elementos requiere de un cambio cultural que exige atender a los factores de riesgo o desencadenantes de los itinerarios de institucionalización y establecer medidas que los prevengan”, señalan los expertos, al tiempo que estiman que el “principal factor” es el de la “ausencia o mal funcionamiento de las redes de apoyo”.

De este modo, consideran que, tanto si se pretende “evitar la institucionalización basada en la cultura institucional” como “favorecer la desinstitucionalización”, resulta “absolutamente necesario multiplicar” las redes de apoyos y servicios de base comunitaria y familiar, que deben “integrar" las dimensiones del "cuidado, apoyo, atención, acompañamiento y acogimiento”.

Su “rasgo distintivo” debe ser el de la “personalización”, esto es “la atención centrada en la persona” y, entre otras cuestiones, deben “atender al enfoque de género e interseccional”, además de “superar” las restricciones, tener un carácter “participativo y comunitario”, respetando la “voluntad y preferencias” de las personas y, en el caso de los niños, su interés superior, además de mantener una concepción “simétrica” de la relación entre las personas.

En paralelo, deben “ser disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, flexibles y adaptables” así como establecer condiciones de trabajo de las personas que los prestan “desde un enfoque de derechos” y ser “objeto de evaluación y seguimiento”.

La realización de los procesos de desinstitucionalización desde el enfoque de derechos y el cambio cultural que exige necesita también de “importantes reformas jurídicas, algunas de ellas de índole constitucional”, aseguran los expertos, convencidos de la necesidad de emprender “cambios en normas estatales que se proyecten también en el marco autonómico y local” y de la creación de un organismo que realice tareas de investigación, evaluación de calidad y formación, "siempre desde un enfoque de derechos humanos”.