El Gobierno y las Cortes sólo han trasladado 36 de las 50 directivas de ámbito social, datos que contratan con los que ofrece Finlandia, país que entró hace dos años en la UE y ya ha adaptado toda su legislación social a la comunitaria.Suecia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido han adaptado el 96 por ciento de ese medio centenar de directivas.

Las catorce directivas que España no ha aplicado todavía hacen referencia a equipamiento de trabajo, protección individual y pantallas de visualización (ordenadores); sobreexposición a agentes biológicos, cancerígenos, físicos y químicos; y sobre industria de extracción, trabajo a bordo de navíos y comité de empresa europeos.

La trasposición de la legislación al derecho nacional es esenial para que los ciudadanos pueden disfrutar de sus derechos comunitarios. "Se trata de una cuestión de igualdad de trato y de justicia distributiva entre los Estados", ha declarado el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Pádraig Flynn.