Así se expone en una declaración que ha presentado España ante el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) de la UE, en Bruselas, manifiestando su oposición al reglamento de retorno, pendiente de aprobación, que incluye la creación de centros de internamiento en terceros países.

La carta de España muestra dudas sobre las garantías jurídicas y el respeto a los derechos fundamentales que supondrán los centros de retornos en terceros países, así como por la falta de proporcionalidad de algunas medidas y la ausencia de un sistema verdaderamente común en la Unión Europea.

Esta declaración del Gobierno no es la primera manifestación de su rechazo al reglamento de retornos porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya expresó en otras ocasiones su oposición al nuevo acuerdo europeo al considerar que “podrían vulnerarse” valores de la UE y “huye” de una política migratoria común.

El Ejecutivo defiende en su carta remitida a Bruselas que “la migración constituye un reto europeo que requiere soluciones europeas” y que el retorno debe formar parte de una política integral, pero siempre respetando “la dignidad, la seguridad y las adecuadas garantías jurídicas”.

Sin embargo, critica que la norma supone una “renuncia al establecimiento de un sistema verdaderamente europeo de retorno” y advierte de que “se pierde la oportunidad de lograr un sistema europeo común”, al aumentar las referencias a legislaciones nacionales y priorizar traslados entre Estados frente a retornos efectivos.

El punto más controvertido para España son los citados centros de retorno en terceros países, que generan “enorme preocupación” por su “inseguridad jurídica” y por ofrecer “limitadas garantías”. El Gobierno alertó de que incluso “familias con niños podrán ser trasladadas” a países con los que no tienen vínculo, y advierte de un “riesgo inaceptable” y de posibles vulneraciones del principio de no devolución.

Asimismo, la declaración española cuestiona la eficacia de estas medidas, preguntándose qué incentivo tendrán las personas trasladadas a esos centros para no intentar regresar a la UE, y subraya que no existe “ningún análisis mínimamente objetivo del coste-beneficio” para esta medida.

El Gobierno también puso en duda la proporcionalidad de algunas disposiciones, señalando que el internamiento deja de ser “una medida de último recurso” y que puede ampliarse “hasta 24 meses, con prórrogas potencialmente indefinidas”, lo que lleva a plantear si se permitirá privar de libertad a personas en situación irregular por períodos superiores a los de “criminales condenados por delitos graves”. Por eso, el Gobierno concluyó de forma expresa que “España se opone a la adopción del reglamento”.

Paralelamente a esta norma pendiente de aprobar, España aplica desde este viernes el nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo, que introduce un refuerzo del control en fronteras exteriores, procedimientos más ágiles de retorno y un sistema de reparto de solicitantes, para unificar criterios y mejorar la gestión de los flujos migratorios desde un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad.