Esa es una de las conclusiones de un estudio del Observatorio de Bienestar Animal (OBA) en colaboración con Protección Animal Ecuador. Se trata de una investigación científica y técnica elaborada por la organización Foodrise que revela el severo impacto ambiental, climático y laboral oculto tras el consumo masivo de langostinos en Europa y, en particular, en España.

Este documento desvela que España se ha convertido en el principal motor europeo de esta industria al importar anualmente de Ecuador más langostino del que se pesca o se cría en la totalidad de la UE.

Esta fuerte demanda financia un modelo acuícola que ya ha provocado el colapso de hasta el 90% de los manglares en algunas zonas de la costa ecuatoriana y mantiene a un 63% de sus trabajadores en condiciones de máxima precariedad laboral, según el estudio.

A pesar de haberse consolidado como un alimento básico, barato y de acceso diario en los supermercados y cadenas de restauración españolas, las personas consumidoras permanecen “completamente ajenas a esta cruda realidad”, apunta la investigación, pues en Europa se consume tres veces más langostino de granja intensiva ecuatoriana que el salvaje capturado por las flotas pesqueras comunitarias.

Ecuador se ha erigido en el mayor productor y exportador mundial de este crustáceo al alcanzar en 2025 una facturación histórica de 8.400 millones de dólares y superando por primera vez al petróleo crudo como el principal motor económico de su estructura nacional.

Sin embargo, este crecimiento exponencial -que ha escalado de las 40.000 toneladas en 2000 a un estimado de 1,2 millones de toneladas en la actualidad- se encuentra fuertemente concentrado en apenas dos corporaciones exportadoras que acaparan un tercio de todo el valor del sector.

HUELLA “OCULTA”

Además, el informe apunta que el 80% del impacto ambiental de la industria camaronera viene derivado de la producción de pienso para la cría de langostinos. El crecimiento de esta industria está siendo financiado y liderado por gigantes corporativos europeos y estadounidenses.

Estas compañías disparan sus emisiones de CO2 al depender masivamente de la soja y harinas de pescado, haciendo que la huella de carbono de la producción de langostino supere en emisiones a la producción de vacuno lechero.

La investigación de Foodrise cuantifica este impacto ambiental sobre la geografía ecuatoriana al señalar que los estanques para la acuicultura de langostinos ocupan ya unas 220.000 hectáreas de suelo costero.

A esta pérdida superficial se le suma una huella de carbono “oculta” en su cadena global de suministro, según el estudio, porque el langostino arrastra “un impacto climático masivo” por su gran dependencia de piensos industriales basados en soja y harinas de pescado.

Una sola porción de 100 gramos de langostino de cultivo genera 18 kilos de emisiones de CO2 equivalente, más que el equivalente de vacuno lechero medio (18 kilos), lo que convierte al langostino de cultivo en el tercer sistema alimentario más intensivo en emisiones, solo por detrás de la carne de vacuno y el cordero.

“Es inadmisible que el langostino que se consume a diario en España se sustente sobre la destrucción de las costas de Ecuador. Las empresas que los ponen al alcance de las personas consumidoras deberían conocer bien el impacto de sus productos tanto a nivel de bienestar animal como de impacto ambiental. Y, más importante, deberían ser transparentes sobre esto para que sus clientes puedan realizar compras con toda la información”, según Miriam Martínez, directora de Bienestar Animal en el OBA.

IMPACTO HÍDRICO

El informe también analiza el impacto de la actividad acuícola en los recursos hídricos costeros. Según los datos recopilados, el principal impacto en el agua proviene de la carga orgánica generada por los piensos y los propios desechos metabólicos de los animales.

En concreto, por cada tonelada de langostinos que se produce, el sistema genera más de 51 kilos de desechos de nitrógeno, de los cuales más de la mitad (26 kilos por tonelada) acaba siendo vertida de forma directa y final a las aguas de los ríos y costas circundantes.

Asimismo, el dossier denuncia el uso recurrente -en cantidades opacas para autoridades y consumidores- de antibióticos críticos para la medicina humana. Aunque la normativa ecuatoriana limita estas sustancias, su empleo persiste para contener patologías derivadas de las condiciones de hacinamiento.

En el plano social, los datos recopilados junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirman que el 63% de los operarios acuícolas carecen de contrato formal, lo que cronifica la precariedad laboral.

A esto se suman las permanentes tensiones territoriales con las comunidades ancestrales, provocadas por la agresiva adquisición de terrenos por parte de grandes corporaciones para expandir unas granjas acuícolas que destruyen hogares y desplazan de forma forzosa a la población nativa.

“La ciudadanía tiene derecho a saber que el precio sumamente bajo de este producto se está pagando con destrucción ecológica y precarización laboral en otros países”, sentencia Martínez.