Así lo concluye el informe ‘España como agente promotor del enfoque de género en la lucha contra la impunidad’, elaborado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) y presentado recientemente en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Entre las principales limitaciones, el informe señala la restricción del principio de jurisdicción universal, la falta de avances penales efectivos sobre crímenes del franquismo, la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977 y la insuficiente integración práctica del enfoque de género en todos los mecanismos de lucha contra la impunidad.

De este modo, el informe plasma que estas carencias contrastan con el discurso internacional de liderazgo asumido por España. El documento subraya que el contexto internacional está marcado por un retroceso global en las agendas de igualdad de género, resistencias organizadas en foros multilaterales y una reducción del acceso real a la justicia para mujeres y niñas, con Afganistán como caso extremo e identificándolo como posible “apartheid de género”.

Sin embargo, el informe de la Fibgar expone que España ocupa una posición “relevante” en el sistema internacional como promotora del enfoque de género en la justicia global, especialmente a través de su política exterior feminista, su apoyo a la Corte Penal Internacional y su participación en foros multilaterales.

Por otro lado, se subraya que integrar el enfoque de género en la justicia no es una cuestión ideológica, sino una condición técnica y jurídica para que la justicia internacional funcione, ya que sin él quedan “invisibilizados” crímenes estructurales que afectan de forma principalmente a mujeres y niñas (violencia sexual, reproductiva, persecución por roles de género).

Además, aunque ha habido avances, el informe señala que los crímenes de género siguen siendo tratados como menos prioritarios que otras violaciones graves de derechos humanos, lo que reproduce una jerarquía implícita de víctimas dentro de la justicia internacional.

De este modo, el documento identifica un momento relevante para España, las negociaciones de la futura Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad. Si España impulsa una tipificación clara de crímenes como el matrimonio forzado, la violencia reproductiva o el “apartheid de género”, podría reforzar su liderazgo internacional de forma tangible.

Así pues, el informe reitera la idea de que, sin una implantación efectiva de las normativas, pierden credibilidad. El informe sostiene que la densidad normativa española en igualdad y derechos humanos no se traduce automáticamente en protección real, lo que genera frustración en víctimas, inseguridad jurídica y un uso simbólico del derecho sin efectos transformadores.