Así se expresó Ribera en una comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados para analizar la situación energética, además de presentar el 'Plan Más Seguridad Energética'.

La vicepresidenta valoró que dicho ahorro equivale al gas aportado por siete buques metaneros o a la cuantía equivalente a dejar de consumir gas durante siete días.

Por otro lado, advirtió de que “las consecuencias económicas que representa la invasión de Ucrania en los precios de la energía son enormes” y que generan “una crisis de acceso a la materia prima energética que de manera escalonada acaba afectando más allá del conjunto de la Unión Europea”.

A este respecto, señaló que el gas procedente de Rusia ha pasado de representar el 40% del suministro a Europa a reducirse al 20% durante el primer semestre de 2022 o al 7,6% entre el 17 y el 23 de octubre.

Pese a esta situación, Ribera sostuvo que “es una gran oportunidad de reforzar el proyecto europeo” y de conseguir “un sistema energético más seguro, más solvente y con precios más estables y asequibles”.

En esta línea, indicó que Europa “ha logrado una diversificación muy importante del aprovisionamiento de gas procedente de otras geografías”, entre las que citó Estados Unidos o países del Golfo Pérsico.

En su intervención, Ribera presentó el Plan Más Seguridad Energética, el plan de contingencia comprometido con la Comisión Europea con el que España espera reducir entre un 5,1% y un 13,5% el consumo de gas hasta el final de la temporada de invierno en marzo de 2023, que incluye 73 iniciativas, de las que muchas ya están en vigor, como las limitaciones de temperatura de los aires acondicionados y las calefacciones o el apagado de la luz de los escaparates aplicados desde agosto.

Además, España debe llevar a cabo una reducción voluntaria del consumo eléctrico del 10% y obligatoria del 5% en las horas punta entre diciembre y marzo para cumplir con el mandato de Bruselas.

En cuanto a la reducción del consumo de gas, el Gobierno sostiene que no tiene en cuenta el gas utilizado para ser exportado a otros países, especialmente Francia, afectada por el parón nuclear, y Portugal, por la sequía. De hecho, el Ejecutivo asegura que España ya está cumpliendo con la exigencia de reducir un 6,4% el consumo vigente desde agosto excluyendo las exportaciones.

Además de las medidas de ahorro y eficiencia energética, contempla actuaciones de impulso a la transición energética, de protección de colectivos vulnerables, de fiscalidad a través de bonificaciones para inversiones en transición energética, de reducción de la dependencia tecnológica y de incremento de la capacidad exportadora para ayudar a los socios europeos.

De forma más concreta, incluye desarrollar medidas de apoyo a las comunidades de vecinos con calderas de gas que ya han sido aprobadas, instalar contadores inteligentes también para el gas, lanzar un kit verde con financiación del ICO para ayudar a las pymes a mejorar su eficiencia energética o elaborar un nuevo Perte de descarbonización industrial.

Por otro lado, pretende dar más transparencia a la factura eléctrica incluyendo información sobre la rebaja lograda con el tope al gas o permitiendo comparar el consumo con el de los domicilios del mismo código postal.