La serie histórica comienza en 2014, cuando el gasto en protección ambiental fue de 16.803,9 millones. Después hubo un lustro de ascenso continuado, con 17.456,9 millones en 2015; 17.706,8 millones en 2016; 18.943,8 millones en 2017; 19.772,1 millones en 2018, y 20.490,3 millones en 2020.

En 2020 bajó hasta 19.721,3 millones coincidiendo con el estallido de la pandemia de covid-19, y después cayó hasta 19.675,6 millones en 2021. Desde entonces, se han encadenado aumentos anuales, con 23.266,4 millones en 2022; 24.943,4 millones en 2023, y 25.233,1 millones en 2024.

Los ámbitos con mayor peso en el gasto nacional en protección ambiental durante el año pasado fueron los servicios de gestión de residuos (60,5% del total) y los de gestión de aguas residuales (18,4%), mientras que los de menor importancia resultaron ser los servicios de protección de la biodiversidad y el paisaje (5,4%), e I+D medioambiental y otras actividades (6,5%).

Los servicios de gestión de residuos fueron los únicos que se incrementaron (un 3,4%), en tanto que los de protección de la biodiversidad y el paisaje registraron la mayor bajada (-10,0%).

El ámbito que más aportó el año pasado al aumento del gasto nacional en protección del medio ambiente fueron los servicios de gestión d residuos (2,067 puntos).

SECTORES INSTITUCIONALES

Por lo que respecta a los sectores institucionales, el de sociedades realizó el año pasado un 48,3% del total del gasto (12.201 millones de euros, un 2,5% más que en 2023).

El de administraciones públicas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares representó un 38,1% del total (9.611 millones, un 0,4% menos) y los hogares aportaron un 13,6% (3.421 millones, un 0,8% más).

El de sociedades fue el que más aportó al aumento del gasto nacional en protección ambiental (1,209 puntos).

Las principales partidas del gasto nacional en 2024 correspondieron al consumo final (43,9% del total), el consumo intermedio (36,2%) y la formación bruta de capital fijo (21,8%).

El 69,1% del gasto en consumo final lo realizó el sector de administraciones públicas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, y el 30,9% restante, el sector de hogares.

Por su parte, el sector de sociedades efectuó el 57,4% de la formación bruta de capital fijo, frente al 42,6% del de administraciones públicas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.