Así lo desvela un estudio que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales está elaborando junto a las consultoras Afi y 40dB y algunos de cuyos datos se expusieron este jueves en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el transcurso de un acto en el que se analizó la situación laboral de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y en el que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy quiso “reiterar” su “firme compromiso” en “transformar” el actual modelo de cuidados en un sistema “más cercano y comunitario” y, a la vez, “mejorar” la calidad del empleo de las personas que trabajan en el sector de los cuidados de larga duración.

Durante su intervención, el ministro resumió algunos de los datos más significativos del estudio encargado por su gabinete para “afrontar los retos del sistema” y que, según el ministerio, muestran que el empleo en el sector de los cuidados de larga duración está “marcado por la inestabilidad, la parcialidad y unos salarios por debajo de la media”.

“Esta situación provoca que las personas que trabajan en el sector permanezcan, de media, apenas un año, lo que dificulta la retención de talento”, agregó Derechos Sociales en un comunicado en el que precisó que “esta realidad afecta no solo a las gerocultoras, es decir, a las profesionales que prestan atención directa, apoyo personal y acompañamiento a personas en situación de dependencia”, sino también a otros perfiles “clave” del sistema, como fisioterapeutas, personal de enfermería o profesionales de la psicología.

Para la cartera de Bustinduy, la “fuga estructural” de personal “compromete” la “sostenibilidad” del sistema “justo en un momento de reto demográfico que es cuando más se necesita”, teniendo en cuenta que la evolución demográfica prevé un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años y que en 2030 habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años que en 2023, situación que exigirá incorporar, como mínimo, 260.000 nuevas trabajadoras al sector.

NO ES ADMISIBLE

En este sentido, el ministro Bustinduy aseveró que “esta situación no es admisible en una sociedad democrática” y que “el futuro de la dependencia pasa por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras”.

El acto celebrado este jueves y las medidas incorporadas en el proyecto de ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros este martes, forman parte del ‘Reto mejorar el empleo en los cuidados de larga duración’, con el que Derechos Sociales pretende “valorizar el trabajo de los cuidados y retener talento en el sector de los cuidados”, tal como, recordó, establece la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.

Por lo que respecta a la reforma, Bustinduy puntualizó que su objetivo es, por una parte, actualizar el sistema de la dependencia al siglo XXI con más prestaciones y servicios, menos burocracia y más tecnología.

Al mismo tiempo el proyecto de ley se centra en mejorar la calidad de vida de las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en el sistema con unas condiciones de trabajo marcadas por la inestabilidad y la precariedad económica.

Para conseguir esta meta, Bustinduy resaltó que la reforma incluye varias medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales del sector y asegurar una atención de calidad, continuada y segura.

REFORMA

La primera de ellas es la incorporación de un artículo que establece que el Gobierno y las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial, desarrollarán indicadores sobre la calidad del empleo; marcadores que estarán desagregados por origen, edad o sexo. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas deberán hacer seguimiento de estas pautas para asegurar su cumplimiento.

Con esta novedad, Derechos Sociales responde a la propuesta del Consejo Económico y Social en la que solicitaba redoblar los esfuerzos para garantizar la calidad del empleo en el sector de los cuidados.

Por otro lado, la reforma dispone la creación de un nuevo servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, como grúas o camas articuladas, que reducirá los riesgos físicos en el trabajo. Facilitar el acceso a estos productos supone un “beneficio” para las personas usuarias, pero también para las trabajadoras, que pueden contar de esta manera con los recursos necesarios para ejercer su labor en condiciones más seguras y eficientes.

“Muchas veces, cuando abordamos estas cuestiones lo hacemos centrándonos, como no puede ser de otro modo, en las personas cuidadas. Cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos. Y, si bien esta es una cuestión fundamental, no podemos olvidar, ni por un segundo, que esta es solo una cara de la moneda, y al otro lado están las ciento de miles de personas, mayoritariamente mujeres, que sostienen sobre sus hombros un sistema aún lastrado por los mismos prejuicios sexistas, las mismas carencias de reconocimiento y una retribución digna, que los cuidados informales que fueran antaño mayoritarios”, abundó Bustinduy.

En este sentido, aclaró que su “empeño de transformación del sistema de cuidados no va a traducirse en arreglos insuficientes o cosméticos”. “Hablamos de un cambio de fondo que comprende, por tanto, mejorar también las condiciones de las trabajadoras”, afirmó.

ESTUDIO

En cuanto al estudio, la investigación identifica el perfil tipo de las trabajadoras y corrobora que más del 85% de las profesionales son mujeres, la mitad de ellas tiene más de 45 años y una de cada cuatro es migrante.

Entre los principales hallazgos destaca que los salarios en el sector son de media entre un 35% y 38% inferiores al promedio nacional, lo que supone unos 10.000 euros anuales menos respecto al resto de empleos.

Asimismo, uno de cada cuatro contratos en residencias es temporal y en los servicios de ayuda a domicilio solo el 60 % de los contratos son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

La mayoría de las trabajadoras aseguran que estas condiciones laborales se suman a la percepción de que no existen posibilidades reales de promoción y a la falta de reconocimiento profesional.

Las condiciones laborales del sector tienen consecuencias directas en la salud de las trabajadoras, hasta el punto de que las tareas que afrontan afectan a su salud física y emocional con dolencias musculares crónicas y accidentes laborales más frecuentes que la media.

ACCIDENTES

En concreto, en 2023 los accidentes en residencias con baja laboral fueron un 75% superiores que los del promedio nacional, mientras que en los servicios sociales sin alojamiento el exceso llegó hasta el 25%.

En este último caso, destaca la alta siniestralidad in itinere, dado que para estas trabajadoras los accidentes con baja ocurridos en desplazamientos al trabajo duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral.

Las trabajadoras explican que la exposición continuada a esfuerzos físicos, posturas forzadas y estrés no solo deteriora la salud, sino que incrementa la rotación y las bajas laborales, afectando también a la calidad del cuidado que se presta.

Ante este escenario, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, precisó durante su intervención en el acto que el “desafío de asegurar la sostenibilidad del sistema apela a la responsabilidad de todas las administraciones, a los agentes sociales y a los operadores del sistema”.

Bajo esta premisa, tras la celebración del acto de presentación, la Secretaría de Estado se reunió con representantes de comunidades autónomas en un taller de trabajo que permita avanzar hacia un empleo más digno, estable y con reconocimiento social.