El auto dictado por ese juez afirma que no existen razones para dudar de la veracidad de esa factura que obligó en su día a suspender la vista oral por el juicio en el que murieron 43 personas en el incendio ocurrido en enero de 1990.

La asociación de afectados por el incendio de la discotec "Flying" de Zaragoza había decidido ejercer la acción popular por la aportación de presuntas pruebas falsas por parte del abogado José Antonio Ruiz Galbe, que defiende al propietario del local, Faustino Martínez.

El portavoz de la asociación de afectados por el siniestro, Javier Gil, confirmó la participación de la asociación como acción popular y criticó la ausencia de abogados de la acusación particular en el proceso de este nuevo trámite judicial, lo que calificó de un exceso de corporativismo haca Ruiz Galbe y una barbaridad.

Gil consideró que la posibilidad de que se pudiera aportar una prueba falsa forma parte del proceso principal e informó que un abogado y procurador de oficio intentaron actuar contra el archivo de esta causa, después de que ningún abogado de la acusación particular se personará.

La asociación de afectados había anunciado tambien la posibilidad de recurrir a la vía civil tras conocer que el juez instructor del sumario no había inculpado a nuevas personas ni delimitao responsabilidad penal de miembros de las instituciones en el siniestro.