El objetivo del reglamento es completar la protección social que ofrecen las legislaciones nacionales a los estudiantes, insuficiente para aquellos que se desplazan dentro de la Unión.

Bajo el término "estudiante", el Consejo incluye a cualquier persona que reciba una formación para obtener una titulación reconocida por un Estado miembro, que esté asegurada en un régimen de Seguriad Social y que no sea un trabajador por cuenta ajena o propia, un miembro de su familia o superviviente.

También se establece que el reglamento no dará lugar a ningún derecho a favor de los estudiantes en los períodos previos al 1 de mayo de 1999.

La normativa hace un mención específica al caso español, indicando que las instituciones españolas no podrán expedir certificados de estudios a efectos de totalizar períodos. El motivo es que las prestaciones previstas en el Régimen Especial de Estudiates español, conocido como Seguro Escolar, no se basan en el cumplimiento de períodos de seguro, empleo o residencia.